Versiòn Infobae.
En los últimos días, un informe de The New York Times reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado una orden secreta que autoriza el uso de la fuerza militar contra carteles y organizaciones de narcotráfico en América Latina.
La medida, considerada por analistas como la más amplia en décadas, no se limitaría a sanciones diplomáticas o económicas, también permitiría ataques directos del Pentágono a objetivos en países de la región, incluyendo Colombia.
El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por esta disposición, advirtiendo que podría abrir la puerta a operaciones militares estadounidenses en territorio colombiano.
“Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar capitán qué vamos a hacer porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo de las bombas y ahora va a venir él. Un problema de discusión nacional, no me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar que imponer”, señaló Petro durante un evento de entrega de tierras en Córdoba.
El mandatario colombiano subrayó que esta eventual intervención plantea un debate profundo sobre la soberanía y las lecciones que deja medio siglo de lucha contra las drogas en la región. “Eso no se puede imponer. Ya lo sabemos, llevamos 50 años en las mismas. 50 años de asesinados en América Latina. Toda una guerra que no puede ser”, recalcó.
Un viraje radical en la estrategia estadounidense contra el narcotráfico
La advertencia de Petro surge a raíz de revelaciones publicadas por The New York Times, según las cuales Trump habría firmado una orden secreta autorizando al Pentágono a emplear directamente la fuerza militar contra organizaciones criminales en América Latina. Esta disposición, de carácter reservado, sería la más amplia hasta el momento en la ofensiva de Washington contra el narcotráfico, al otorgar a las fuerzas armadas estadounidenses un marco legal para ejecutar operaciones unilaterales en el extranjero, sin requerir autorización previa del Congreso.
El alcance de la medida es significativo: no solo se dirige contra carteles mexicanos como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, Carteles Unidos y Nueva Familia Mexicana, también contra grupos armados y redes criminales en Sudamérica. Entre ellos figuran las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y células del Tren de Aragua, todas con presencia activa en Colombia y presuntos vínculos con el tráfico de estupefacientes.
De confirmarse y ejecutarse esta orden, Colombia enfrentaría un dilema diplomático y militar de gran envergadura. La participación directa de fuerzas extranjeras en operaciones armadas dentro del país plantea cuestionamientos sobre el respeto a la soberanía y la capacidad del Estado colombiano para liderar su propia estrategia de seguridad.
Por otro lado, el hecho de que la orden de Trump autorice acciones sin el consentimiento del Congreso estadounidense implica una flexibilización drástica de los controles internos sobre la política exterior de Estados Unidos. Esto podría abrir la puerta a intervenciones rápidas y sin consenso, lo que incrementa el riesgo de confrontaciones diplomáticas y militares en la región.
Un debate que trasciende fronteras
La declaración de Petro marca el inicio de un debate que probablemente involucre no solo a Colombia, sino también a otros países latinoamericanos que figuran como objetivos en la lista estadounidense. La región deberá discutir hasta qué punto está dispuesta a aceptar intervenciones militares extranjeras bajo el argumento de combatir el crimen organizado, y si existen alternativas más eficaces y menos destructivas para enfrentar el narcotráfico.
Mientras tanto, altos mandos militares de Estados Unidos ya estarían diseñando estrategias para implementar esta orden, lo que sugiere que el plan no es meramente teórico. Ante este escenario, el reto para los gobiernos latinoamericanos será encontrar un equilibrio entre la cooperación internacional y la defensa de su soberanía, evitando que la guerra contra las drogas se convierta en un conflicto abierto entre naciones.