El Gobierno nacional y las disidencias de las Farc formalizaron un acuerdo para poner en marcha un programa piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, centrado en el departamento de Nariño.
En el encuentro participaron delegados de paz del presidente Gustavo Petro, representantes de la coordinadora nacional ejército Bolivariano, líderes sociales y representantes de las instituciones nacionales.
Este plan busca la transición a economías lícitas, promover el desarrollo territorial y facilitar el tránsito hacia la vida civil para que han estado involucrados en actividades vinculadas a los cultivos de uso ilícito.
El inicio del programa está previsto para el 7 de julio de 2025, según lo acordado con las comunidades. El proceso contempla una inversión inicial de 8.000 millones de pesos, recursos destinados a la siembra de cacao en las zonas rurales de Tumaco y Roberto Payán.
La intervención incluirá la georreferenciación y el desarrollo de un censo en los Consejos Comunitarios Agricultores Patía, Patía Viejo, Progreso, Catangueros, Unión del Río Chagüí, Río Mexicano, Integración Telembí y el territorio de La Ensenada. Estas actividades se extenderán hasta el 7 de agosto de 2025.
De acuerdo con lo establecido en el acta suscrita el 30 de junio en las selvas del Pacífico nariñense, el programa piloto dará prioridad al empoderamiento de las comunidades y al respeto de su autonomía.
La administración de los recursos se llevará a cabo mediante una figura de administración colectiva, bajo la supervisión y evaluación de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Dsci).
El piloto prevé la sustitución de 1.000 hectáreas de cultivos de coca por igual cantidad de hectáreas de cacao durante 2025. Esta primera etapa corresponde al inicio de la meta total de 7.500 hectáreas señaladas en el acuerdo.
Además, los resultados y experiencias derivadas de esta fase inicial podrían servir de base para ampliar el piloto a otros municipios afectados por los cultivos ilícitos, como Olaya Herrera, Francisco Pizarro y Magüí Payán, sujeto a evaluación y recomendación de la Dsci.
Las acciones definidas contemplan los siguientes puntos: delimitación precisa de los polígonos de intervención; establecimiento de la cantidad exacta de hectáreas y de los compromisos de reducción de cultivos de uso ilícito; sustitución de ingresos y transformación productiva con bienes complementarios que fortalezcan la economía lícita local; suscripción formal de los acuerdos de sustitución con las comunidades beneficiarias; y ejecución inicial de los compromisos, que partirá con el primer desembolso y la entrega de kits productivos para los nuevos cultivos.
El desembolso de los recursos quedará condicionado al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo. La evaluación técnica y financiera, así como la verificación de avances sobre el terreno, serán tareas asignadas a la Dsci.
Esta entidad deberá presentar informes sobre el impacto de la inversión y el progreso en la sustitución de cultivos, salvaguardando los intereses de las comunidades y garantizando transparencia en la ejecución de los recursos.
Además, se estableció que cualquier ampliación del área de intervención deberá ser discutida y aprobada en conjunto, priorizando el respeto a la autodeterminación de los territorios y su derecho a decidir sobre sus formas de vida.
La sustitución voluntaria de cultivos constituye uno de los mayores desafíos para la consolidación de la paz y el desarrollo sostenible en Nariño, una región históricamente azotada por el conflicto armado, la economía ilegal y la presencia de grupos armados.
El programa “Renacemos por la paz y las transformaciones territoriales de Nariño y Putumayo” plantea como meta la transición progresiva hacia modelos de vida sostenible, con énfasis en el fortalecimiento de la participación comunitaria, la vigilancia de los recursos públicos y la promoción de la economía campesina y agroindustrial.
El periodo piloto, iniciado en Tumaco y Roberto Payán, funcionará como referencia para futuras intervenciones en otras zonas, sujeto a las evaluaciones técnicas y los resultados obtenidos.
El acta firmada el 30 de junio formaliza este compromiso y establece una hoja de ruta para avanzar en la sustitución voluntaria de cultivos. Las partes reiteraron su intención de mantener un canal de diálogo abierto y resolver posibles diferencias a través de la concertación, promoviendo la construcción de paz desde el territorio y con pleno respeto por los derechos de las comunidades.