Carlos Ramón González, quien se refugia en Nicaragua mientras es prófugo de la justicia colombiana, fue solicitado por el Ministerio de Justicia en territorio nacional y comenzó el proceso de extradición a Colombia a través de la Fiscalía General de la Nación para que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) regrese.
El pedido de extradición se fundamenta, según el Ministerio de Justicia, en el Tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929. Y es que el Gobierno, en un comunicado, señaló que ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia.
La cartera de Justicia expresó que espera la pronta respuesta de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien es la fiscal general de la Nación y tendría bajo su potestad iniciar este trámite de extradición que sería de Estado a Estado.
La orden de captura por el exdirector del Dapre
Cabe recordar que, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro ya habías mencionado la necesidad de que Carlos Ramón González regresara a territorio nacional para enfrentar la justicia colombiana por el escándalo por el cual se le acusa.
“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, dijo. Pues argumentó que el Gobierno hubiese hecho algún tipo de gestión para su residencia en Nicaragua y que “en la Cancillería no existiera ninguna solicitud de otorgamiento”, pese a que existe un documento de la embajada de Colombia en ese país pidiendo eso.
Estas son las acusaciones en contra de Ramón González
De acuerdo con pruebas recopiladas por la Fiscalía, el exdirector del Dapre desvió al menos 4.000 millones de pesos de los recursos públicos a fines de corrupción, esto por medio de sobornos mediante instrucciones directas de Olmedo López.
Estos pagos, aseguró la Fiscalía, se habrían pactado por medio de contratos en la UNGRD, pero finalmente fueron entregados en efectivo por la supuesta urgencia del trámite.
Asimismo, el ente investigador sostuvo que incurrió en lavado de activos al entregar de manera clandestina dineros ilícitos y con diversas maniobras para ocultar su origen.