El Presupuesto General de la Nación (PGN) de Colombia para 2026 enfrenta retos fiscales considerables desde los primeros meses del año. La ejecución presupuestal, medida al 28 de febrero, muestra una obligación de $68,2 billones y pagos por $66,2 billones, lo que equivale al 10,4% de los recursos disponibles fuera del pago de la deuda y señala un faltante de financiación de $16,3 billones que aún no ha sido resuelto.
Y es que hasta febrero, el Estado había comprometido $68,2 billones y había pagado $66,2 billones, lo que mantenía la ejecución en un nivel similar al promedio histórico. Sin embargo, el ajuste fiscal continúa pendiente, ya que la cobertura del déficit requiere tanto medidas extraordinarias como definiciones institucionales aún en curso.
El Ministerio de Hacienda recibió autorización para gastar $546,9 billones, aunque este presupuesto se aprobó con un faltante de $16,3. La Ley de Financiamiento diseñada para cubrir este hueco no prosperó, lo que llevó al Gobierno a declarar una emergencia económica y después una emergencia ambiental. Ambas buscan incrementar el recaudo por medio de medidas tributarias; sin embargo, el resultado final depende de la revisión de la Corte Constitucional.
De igual forma, el análisis de las cifras revela que, a 28 de febrero de 2026, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional reportó $68,2 billones en obligaciones y $66,2 billones en pagos. Si se excluye la deuda, se obligaron $46,3 billones, lo que alcanzó una ejecución del 10,4%, muy cercana al promedio histórico del 10,6%. El nivel representa una recuperación con respecto a 2025, cuando la ejecución fue 0,9 puntos menor.
“La mejora registrada en el ritmo de ejecución revierte parcialmente la desaceleración vista desde 2021. El Presupuesto General de la Nación se distribuye en funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, con diferencias notables en la evolución de cada componente”, precisó el Observatorio.
Ejecución presupuestal por rubros y tipos de gasto
Según el documento, el gasto de funcionamiento representa la mayor parte del presupuesto, con una apropiación vigente de $358,1 billones. Según los datos a febrero, se habían obligado $41,2 billones, equivalentes al 11,5% del total. Por su parte, el servicio de la deuda tuvo compromisos por $21,9 billones, sobre una apropiación de $100,4 billones, lo que equivale a un avance del 21,8%.
Mientras que en inversión pública, la ejecución es la más lenta al inicio del año. Aunque el monto comprometido asciende a $38,5 billones sobre una apropiación disponible de $88,4 billones, solo $5,1 billones fueron formalizados como obligaciones, equivalentes al 5,8% del presupuesto para este fin.
“La diferencia entre montos comprometidos y obligados se explica porque muchos proyectos aún se encuentran en fase de planeación o contratación. Este desfase es característico de los primeros meses del año, pues una porción considerable de los pagos corresponde a saldos de gestiones previas”, apuntó.
Sectores con mayor y menor avance en la ejecución del presupuesto
El análisis sectorial al finalizar febrero muestra que cinco sectores superaron el ritmo promedio nacional:
- Relaciones Exteriores: 16,0%.
- Educación: 14,4%.
- Salud y Protección Social: 13,3%.
- Ambiente y Desarrollo Sostenible: 13,2%.
- Fiscalía: 13,1%.
Su alta proporción de gasto de funcionamiento y la prioridad de servicios públicos esenciales favorecen una ejecución rápida.
En posiciones intermedias se sitúan:
- Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición: 12,2%.
- Defensa y Policía: 11,9%.
- Inteligencia: 10,3%.
- Rama Judicial: 9,5%.
Estos combinan inversión y funcionamiento, lo que permite un avance equilibrado en su ejecución financiera.
Por el contrario, los sectores con menor progreso fueron:
- Trabajo: 3,7%.
- Cultura: 3,3%.
- Agricultura y Desarrollo Rural: 3,1%.
- Vivienda, Ciudad y Territorio: 2,7%.
- Deporte y Recreación: 2,5%.
- Ciencia, Tecnología e Innovación: 1,0%.
La baja ejecución está asociada a su dependencia de proyectos de inversión que requieren extensos procedimientos previos antes de comprometer recursos.
“Este patrón reitera que los sectores donde predomina el gasto de funcionamiento comienzan el año con mayor dinamismo, mientras que las áreas principalmente orientadas a la inversión progresan a medida que avanzan los procesos administrativos y contractuales”, explicó.
El rezago presupuestal y su impacto en el gasto público
Al cierre de 2025, el rezago presupuestal acumulado, al sumar reservas y cuentas pendientes, ascendía a $48,4 billones. “Durante febrero se pagaron $19,5 billones, equivalente al 39,2%. Estas obligaciones, originadas en el ejercicio anterior, deben ser cubiertas con recursos del presupuesto actual y añaden presión al flujo fiscal de 2026″, remarcó.
De acuerdo con el mismo, la consecuencia directa es una menor disponibilidad inmediata de recursos para nuevas iniciativas públicas, ya que el Estado debe responder de manera simultánea tanto a compromisos previos como a los gastos presentes. Esto restringe la capacidad de acción del Gobierno y complica la planificación financiera para el año en curso.
Riesgos y perspectivas fiscales para el resto del año
La gestión fiscal de 2026 está marcada por la tensión entre el rezago pendiente, la incertidumbre de los ingresos extraordinarios y el escenario político vigente. “La forma en que se materialice el gasto en los próximos meses no solo incidirá en el comportamiento del déficit, sino que también revelará las prioridades del gobierno saliente y los márgenes de sostenibilidad fiscal con los que iniciará la próxima administración”, advirtió el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.
El análisis destaca las dudas respecto a la viabilidad del ajuste. “El comportamiento observado sugiere que el gasto continúa ejecutándose bajo inercias similares a las de años anteriores”, afirmó. Aunque hay una aceleración, las condiciones aún distan de las necesarias para concretar la consolidación presupuestaria prevista.
El Plan Financiero demanda un ajuste del gasto primario equivalente a un 1,7% del Producto Interno Bruto. La ejecución alineada con patrones históricos “no solo dificulta la materialización del ajuste, sino que pone en entredicho la consistencia entre las metas fiscales y la dinámica efectiva del gasto”, concluyó el Observatorio Fiscal de la Javeriana.