Versiòn Infobae.
La reciente posesión presidencial de Abelardo de la Espriella trajo consigo un giro en la política antidrogas de Colombia, reabriendo el debate sobre la erradicación de cultivos ilícitos.
En este contexto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, propuso un plan piloto de sustitución de cultivos en Jamundí y el norte del Cauca, una región marcada por la presencia de economías ilegales y la influencia de grupos armados.
La iniciativa surge luego del anuncio del presidente De la Espriella de retomar la aspersión aérea con herbicidas de última generación y la erradicación forzada como herramientas para combatir los sembradíos ilegales de hoja de coca. Durante su discurso de posesión, el mandatario subrayó que la seguridad será el eje de su administración y que la lucha contra el narcotráfico será uno de los pilares para impulsar el desarrollo económico y social del país.
Ante este escenario, Dilian Francisca Toro reiteró la necesidad de una estrategia integral que combine la erradicación con alternativas viables para las familias campesinas. “No podemos solamente erradicar y dejarlos sin la posibilidad de tener una actividad productiva. “Tenemos que apoyarlos para que puedan tener oportunidades lícitas”, afirmó la gobernadora, quien anunció la disposición de la administración departamental para cofinanciar los programas de sustitución en la zona.
El plan piloto, que contempla a Jamundí y el norte del Cauca como epicentro, busca articular acciones con el Gobierno nacional y otros departamentos de la región suroccidental. Toro enfatizó que la problemática de la inseguridad y las economías ilícitas no respeta fronteras administrativas, por lo que se requiere una respuesta regional y coordinada. “La problemática de seguridad no es solamente de un departamento. Por eso, es tan importante que podamos hacer una estrategia de seguridad integral del suroccidente colombiano”, señaló.
El departamento del Valle del Cauca y el norte del Cauca han sido históricamente zonas afectadas por la expansión de cultivos ilícitos, especialmente de hoja de coca, lo que ha generado dinámicas de violencia, presencia de grupos armados y economías informales. Las comunidades campesinas, muchas veces sin acceso a otras fuentes de ingreso, han recurrido a estos cultivos como alternativa de subsistencia. Para Toro, la única forma de transformar este panorama es mediante políticas que garanticen inversiones sociales y oportunidades productivas legales, de la mano con la seguridad.
La propuesta generó reacciones entre líderes sociales y expertos en desarrollo rural, quienes advierten que el éxito de cualquier iniciativa de sustitución depende de la capacidad del Estado para ofrecer condiciones estables de mercado, asistencia técnica y acceso a créditos, así como de garantizar la seguridad frente a las amenazas de los grupos ilegales que operan en la zona.
En paralelo, el anuncio del retorno de la aspersión aérea con herbicidas vuelve a dividir opiniones. Mientras sectores oficialistas defienden la medida como una herramienta eficaz para reducir los cultivos, organizaciones campesinas y defensores del medio ambiente advierten sobre los riesgos para la salud y el impacto ecológico de estas prácticas.
La administración departamental insiste en que la única forma de salir del círculo de inseguridad y violencia es avanzar en la sustitución de cultivos y la generación de oportunidades lícitas, de modo que los campesinos no queden desprotegidos ni sin alternativas reales tras la erradicación. Con el inicio del nuevo gobierno, la discusión sobre el modelo de política antidrogas y el desarrollo rural vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública del suroccidente colombiano y del país.