Versiòn diario El Tiempo.
En el Tribunal Superior de Bogotá se avaló este lunes la imputación contra dos altas fichas del gobierno Petro salpicadas en el escándalo de la UNGRD. Se trata de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, a quienes la Fiscalía sindica de tres delitos: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Tras cuatro horas de diligencia, ambos se declararon inocentes de los cargos y ahora está pendiente de resolverse si van a detención domiciliaria, como lo pide el ente acusador.
En la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño señaló que en el segundo semestre de 2023 los dos altos exfuncionarios habrían participado del entramado corrupto en el que desde el Gobierno se les direccionaron contratos de manera irregular a varios congresistas. Al parecer, Bonilla y Velasco se aliaron para comprar al Congreso con el propósito de lograr las aprobaciones de las reformas pensional y de la salud, así como el impulso a créditos públicos que le favorecían al Ministerio de Hacienda.
La investigadora los sindica de que ambos «lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas. Plantearon las líneas bases del modus operandi que en groso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno».
En lo que respecta a Bonilla y Velasco, dicha ‘empresa criminal’ tiene tres capítulos. El primero es la presunta repartija de contratos en Invías, el segundo es en relación a proyectos con recursos de la UNGRD, y el tercero es el supuesto interés de entregarle un convenio en Sahagún, Córdoba, al senador Julio Elías Chagüi.
La audiencia empezó sobre las 9:30 de la mañana de manera mixta, con el exministro Bonilla de manera presencial, y Velasco virtualmente. Asimismo, el equipo de fiscales, la Procuraduría y las alegadas víctimas fueron personalmente a la audiencia, dirigida por la magistrada Aura Alexandra Rosero.
A primera hora, la fiscal María Cristina Patiño afirmó que «los exministros Velasco y Bonilla acordaron entre sí, con otros funcionarios de la Rama Ejecutiva y con ciertos parlamentarios de las comisiones primera y séptima del Senado, y de la comisión interparlamentaria de crédito público del Congreso, el direccionamiento de proyectos contractuales a cambio de su apoyo a los intereses del Gobierno en el legislativo«.
Ese plan criminal se habría desarrollado entre mayo de 2023 y mediados de febrero de 2024. «Ustedes, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, se concertaron entre sí para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitiera la aprobación de proyectos de ley del Gobierno, y la tramitación exitosa de créditos de la Nación», dijo la fiscal, que a renglón seguido añadió que en desarrollo del «pacto criminal al parecer acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso, desarrollar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en Invías o en la UNGRD, a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones del Congreso a las que pertenecían».
El monto que ambos habrían direccionado a favor de las comisiones primera, tercera, cuarta y séptima del Senado, y de la tercera y cuarta de la Cámara con 74 proyectos de Invías es por 571.701 millones de pesos; mientras que con cinco proyectos en la UNGRD se pactaron 40.536 millones de pesos, para un total de 612.237 millones. No obstante, solo siete convenios se concretaron.
En ese entramado, como ya se ha documentado, participaron los confesos corruptos Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD aparentemente encargados de ajustar la contratación a los intereses de los exministros.
Señalamientos contra Velasco
Frente al otrora jefe de la cartera del Interior, la Fiscalía indicó que al parecer en junio de 2023 le ordenó a Olmedo López apoyar la reforma pensional, «para lo cual debía presentarse en uno de los debates de la comisión séptima del Senado, con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías en esa comisión, pues allí se tramitaban las reformas importantes del Gobierno, esto es a la salud y a las pensiones».
En esos planes, en junio de 2023 Olmedo López se habría puesto por solicitud de Velasco- a disposición de la senadora Martha Peralta Epiayú, quien estaba liderando el debate de la pensional en el Congreso. La Fiscalía también salpicó en este hecho, como otra supuesta interesada, a la congresista Berenice Bedoya.
La repartija de contratos para lograr el sí de la pensional se habría dado en municipios como Puerto Concordia, Meta, con una obra de protección para controlar la erosión del río Ariari. El valor era por 5.458 millones de pesos. Otros contratos se habrían pactado en Aguazul, Casanare; y en Mistrató, Risaralda. Un cuarto proyecto por 2.125 millones se habría direccionado en favor de Isaac Francisco Riscala en el departamento de La Guajira. En total, la contratación llegó a 12.395 millones.
«La senadora Peralta le presentó a Olmedo López solicitudes contractuales, inicialmente en dos proyectos en específico: uno en Puerto Concordia y otro en Aguazul, enviados por la senadora Berenice Bedoya. Meses después y a fin de consolidar el acuerdo, Peralta solicitó el direccionamiento de contratos de maquinaria amarilla y mantenimiento de jagüeyes a Isaac Riscala», afirmó la fiscal Patiño.
Irregularidades en el Ministerio de Hacienda
La fiscal también hizo énfasis en Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, exasesoras del Ministerio de Hacienda que hace dos años trabajaron de la mano de Ricardo Bonilla. La primera de ellas le habría dicho a la otra que «para mantener la gobernabilidad era necesario direccionar, a favor de congresistas, proyectos para las regiones que se denominaban cupos indicativos, que eran autorizados por el ministro Ricardo Bonilla».
El listado de congresistas a favorecer estaba en un documento que Ramírez le habría dado a Benavides con 71 proyectos. Se habrían repartido así: para la comisión cuarta de la Cámara se dieron 13 proyectos para Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena por 142.658 millones de pesos; para la comisión cuarta del Senado fueron 19 proyectos para Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas por 80.816 millones; para la comisión tercera del Senado irían 14 proyectos en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre por 155.145 millones.
Asimismo, en la comisión tercera de la Cámara se habrían direccionado 25 proyectos para Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle y Arauca por 177.380 millones. En total se habrían direccionado 556.473 millones.
Los famosos tres proyectos por 89.619 millones de pesos ligados a Bonilla en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar que no alcanzaron a materializarse también fueron mencionados por la Fiscalía. En ellos se habría interesado también el exministro Velasco con el fin de que congresistas votaran a favor del Ejecutivo.
Otra de las irregularidades en el Ministerio de Hacienda tiene que ver con los congresistas Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, quien ya no está en la Cámara. Ellos habrían impulsado las operaciones de crédito público que le convenían al Gobierno. Y es que entre a junio a diciembre de 2023, el Ministerio presentó al Congreso 17 operaciones de crédito, que no fueron tramitadas por aplazamientos de los parlamentarios.
El 30 de octubre de ese año, el asesor Fernando Henao le pidió a su compañera María Alejandra Benavides datos de esos parlamentarios para citarlos a una reunión. Un día después, Manzur le escribió a Benavides que no iban a ir a ese encuentro. Sin embargo, según la Fiscalía el senador Mauricio Gómez Amín «le escribió a Benavides corroborando la reunión convocada por usted, Luis Fernando Velasco, poniendo a su disposición su oficina como alternativa para llevar a cabo el encuentro».
El 31 de octubre hubo una reunión entre Benavides, Bonilla, Manzur, Peinado, Bitar y Gómez Amín, quien se fue del recinto. La intención de la cita sería impulsar las operaciones de crédito público. En el marco de ello, el Ministro de Haciendo le habría dicho a Benavides que la vía para tramitar los contratos en los que estaban interesados era la UNGRD.
Como un «gesto» con Bonilla, el 6 de diciembre los legisladores habían dicho a Benavides que votarían lo que le convenía al Ministerio, «pero que esperaban una respuesta, en punto de que los proyectos se tramitarían ese mismo año, y no el siguiente». Una semana después, Benavides dijo a la Fiscalía haber sido presionada por los congresistas debido a que no se había aprobado la contratación, y para destrabar el tema ella le habría dado una lista al asesor del Dapre Jaime Ramírez Cobo con los nombres de los congresistas interesados en el entramado corrupto.
Luego de varias gestiones, el 12 de diciembre el Congreso aprobó cinco créditos, faltando solo uno. La razón es que la UNGRD no le habría contestado a los interesados en el proyecto de Cotorra. La consecuencia de ello es que el 15 de diciembre los legisladores no iban a darle el visto bueno a ese último crédito.
No obstante, luego de varias gestiones que habrían hecho Bonilla, Olmedo López y Sneyder Pinilla, en la tarde de ese 15 de diciembre aprobaron el último crédito que necesitaba el Gobierno.
Menciones al senador Chagüi
Invías también aparece en este escándalo, en particular con la participación de María Alejandra Benavides, a quien le habrían ordenado reunirse con el senador Julio Elías Chagüi, quien le habló a la exasesora de tres proyectos: uno en Lorica por 8.500 millones, Los Córdobas por 4.500 millones y el de Tierralta por 2.700 millones, para un total de 15.700 millones de pesos.
Chagüi le habría dicho a Benavides en la reunión que representaba a nueve senadores de la comisión primera, y que por eso estaba pendiente de 15 cupos indicativos que estaban dirigidos a garantizar la gobernabilidad en ese reciento. Asimismo, el legislador le dijo que «en Invías tenía tres proyectos, y que lo demás -refiriéndose a más cupos- los gestionaba con el ministro Velasco directamente».
El ‘cónclave’ en el Dapre
En la audiencia también se habló del famoso ‘cónclave’ al que el 27 de noviembre de 2023 convocó Carlos Ramón González -prófugo de la justicia- en la sede del Dapre. Ese día, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y otros exfuncionarios del gabinete de Petro hablaron de cómo conseguir la aprobación de los proyectos que le interesaban al Gobierno. Quien habría expuesto detalles de cómo hacerlo sería Velasco. «Consistía en entregarles a los congresistas una coima representada en contratos, a cambio de sus votos», afirmó la fiscal Patiño.
Después de cerca de dos horas, la Fiscalía culminó la narración de los hechos por los cuales presentó a los dos sindicados ante el Tribunal de Bogotá. Por su parte, el vocero de víctimas y la Procuraduría acompañaron la imputación, mientras que la defensa empezó a hacer sus observaciones.
Observaciones de los defensores
El abogado Mauricio Pava, quien defiende a Bonilla, indicó que pedirá la nulidad de la imputación por el delito de concierto para delinquir, el que de una pena más alta de los tres leídos. «Creemos que la calificación jurídica es manifiestamente improcedente, toda vez que lo que es un evento de una hipotética y supuesta coparticipación criminal, está siendo convertido en un concierto para delinquir», dijo el penalista.
En respuesta, la fiscal Patiño resaltó que «aquí lo que hubo es un acuerdo criminal entre dos altos funcionarios del Estado para cometer delitos indeterminados, durante el tiempo en el que pudieran estar en ejercicio de esa función pública. Ese tiempo, por supuesto, no se extendió debido al escándalo por la corrupción de la UNGRD».
Este expediente, según la investigadora, revela que había una alianza para corromper al Congreso, salpicando incluso a los entonces presidentes de la Cámara y el Senado. Para Patiño, la supuesta empresa criminal no continuó debido a que se destapó la corrupción en la UNGRD.
Por su parte, la abogada Rosa Elena Suárez, apoderada de Velasco, presentó varias observaciones como precisar en cuáles eventos hubo contratos, qué proyectos de ley pretendían impulsarse a través de la compra de legisladores y en qué momento su defendido se quedó con algún dinero.
Patiño subrayó que frente a cuáles convenios se firmaron entre 2021 y 2023, hay siete: están el del municipio de Lorica e Invías por 17.086 millones de pesos; el de Invías y Los Córdobas por 9.000 millones; el de Invías y el municipio de Tierralta por 5.400 millones; así como los de la UNGRD para Cotorra por 44.522 millones de pesos; el de Saravena por 32.559 millones; y el de El Carmen de Bolívar 12.356 millones.
El último contrato es el del tercer capítulo de esta imputación, relacionado a Sahagún y el senador Chagüi. Para la Fiscalía se alcanzó a firmar un contrato para mitigar inundaciones en el municipio cordobés por 25.047 millones de pesos. Con gastos administrativos e interventorías ascendió a 28.141 millones.
Los exministros expresaron sus reparos a la imputación. Bonilla dijo que la fiscal nunca quiso escucharlo previo a esta audiencia, y Velasco resaltó que no sabe cómo le están leyendo convenios suscritos desde 2021 cuando Petro no era presidente y, en consecuencia, él no era ministro.
Frente a los ocho miembros de la comisión primera del Senado supuestamente representados por Chagüi, la fiscal Patiño recalcó que no sabe quiénes son. «El principio de progresividad de la investigación a lo mejor nos va a permitir más adelante, tal vez con su colaboración, ¿por qué no?, determinemos quiénes son esos ocho congresistas», aseguró la investigadora.
Bonilla rechazó los delitos, dijo «no acepto los cargos, y voy a exponer tres puntos de por qué no los acepto. Llevo más de medio siglo trabajando en actividades públicas y privadas, y nunca he tenido un peso de actividades ilícitas. Lo tiene que conocer porque ya me esculcó. Cumplí con mis funciones como ministro de Hacienda conforme la Constitución y la ley. Tengo la certeza de no haber cometido ningún delito, y defenderé mi inocencia».
Por su parte, Velasco indicó: «no acepto cargos, no tengo nada que negociar con la Fiscalía porque soy completamente inocente. Hasta hoy en la investigación se ha escuchado a testigos interesados que han reconocido sus delitos. Dos de ellos terminaron beneficiándose de esos delitos. Se han hecho asesorar penas menores de las que debían pagar. Espero, con el mayor respeto, que cuando nos escuchen confronten lo que les han dicho a ustedes, porque el país solo ha escuchado la voz de quienes cometieron delitos y los confesaron».
Con los dos exministros van seis altos exfuncionarios del gobierno Petro vinculados formalmente a este escándalo. Olmedo López, Sandra Ortiz, Carlos Ramón González y César Manrique ya fueron imputados por su supuesta participación en este entramado corrupto, que tiene varios capítulos. El primero de ellos el de la compra -con coimas incluidas- de 40 carrotanques para surtir de agua potable a habitantes de La Guajira.
Exministros se declaran inocentes
Tanto Bonilla como Velasco dijeron ser inocentes de los delitos imputados, y resaltando que ya habrá la oportunidad para exponer sus argumentos y confrontarlos con los de la Fiscalía.
Imputados oficialmente
La magistrada Aura Alexandra Rosero formalizó la imputación de cargos, resaltando que las dudas de la defensa en esta etapa procesal fueron despejadas.
‘Estoy muy confundido’
Luis Fernando Velasco afirma «estoy muy confundido. ¿Cómo me voy a defender si me acusan de haber intentado comprar ocho congresistas de la comisión primera y no sé quiénes son?». El procesado resalta que hablaron de contratos de 2021, cuando él no era ministro y Petro no era presidente.
Habla Ricardo Bonilla
El exministro dice que la fiscal Patiño nunca quiso escucharlo: «he escuchado atentamente a la señora fiscal, a la cual apenas conozco hasta hoy, nunca quiso hablar conmigo».
Reparos de la defensora
La abogada Rosa Elena Suárez resalta que no tiene claros varios aspectos de la imputación de la Fiscalía, y pide que se los despejen.
Respuesta de la Fiscalía
Para Patiño, «lo que hubo es un acuerdo criminal entre dos altos funcionarios del Estado para cometer delitos indeterminados, durante el tiempo en el que pudieran estar en ejercicio de esa función pública. Ese tiempo, por supuesto, no se extendió debido al escándalo por la corrupción de la UNGRD».