Versiòn Infobae.
La ex primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, volvió a comparecer ante la Fiscalía General de la Nación tras los señalamientos de su exasesora y examiga Eva Ferrer, que la vincula con movimientos irregulares de dinero y presuntos aportes de campaña provenientes de Venezuela. A través de su apoderado, la exesposa del expresidente Gustavo Petro reiteró su disposición de colaborar con la justicia y confirmó que la Dirección Especializada contra la Corrupción del ente acusador adelanta una indagación en la que figura su nombre.
Las acusaciones de Ferrer incluyen un abanico de episodios distintos. Por un lado, mencionó un presunto aporte de 2.000.000 de euros que el empresario catalán Manel Grau habría entregado a Alcocer durante la campaña presidencial de 2022. Por otro, denunció movimientos de efectivo desde la Consejería Presidencial para la Reconciliación: “Sabemos que de la Consejería han desaparecido $1.000.000.000. En cash”, afirmó en un audio conocido en agosto, en el que también mencionó presuntos cobros por nombramientos y operaciones.
El segundo primo mencionado, Santiago Alcocer Vélez, respondió un cuestionario de la Unidad Investigativa de El Tiempo sobre los contratos suscritos durante el gobierno de Petro por la empresa Country Motors, en la que figura como socio. En diciembre de 2024, ese medio reveló que la compañía le vendió 40 vehículos a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral Yapurutú, que luego fueron adaptados y revendidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por $29.000.000.000. El exrepresentante de Yapurutú, Francisco Estupiñán, aceptó en agosto cargos por peculado e interés indebido en la celebración de contratos.
De acuerdo con el periódico, el historial contractual de Country Motors incluye además un acuerdo por $849.000.000 firmado en diciembre de 2025 con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), regional La Guajira, para la compra de vehículos destinados a un proyecto de restauración de aerobombas en comunidades indígenas wayúu. También figuran contratos con la Gobernación de Bolívar por $1.030.000.000, con la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar y con la alcaldía de Dibulla.
Alcocer Vélez aclaró que su empresa no contrató directamente con la Ungrd, sino que suministró vehículos a proveedores de esa entidad, y afirmó que Country Motors “colaboró con la Fiscalía en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el suministro de dichos vehículos”. Sobre el resto de los contratos, dijo que su firma participó en licitaciones públicas a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), como parte de su actividad comercial ordinaria.
Consultado sobre los señalamientos de Ferrer, Alcocer Vélez fue tajante: “Sobre ese punto no tengo ninguna opinión e información al respecto. Ninguna autoridad me ha citado y no tienen por qué hacerlo. Ejerzo una actividad comercial normal en una empresa de automotores hace más de 20 años”. El empresario negó tener residencia o propiedades en Miami, Estados Unidos, y dijo haber visto solo una vez, en un evento social en Cartagena, a Carolina Plata, otra de las personas mencionadas por la española.
Estados Unidos, donde Alcocer permanece incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), hizo saber que está al tanto de los señalamientos en su contra. Ferrer, por su parte, no se presentó a la cuarta citación que le hizo la Fiscalía para declarar, alegando razones de seguridad. Grau, el empresario catalán mencionado en las declaraciones, anunció que denunciará a su excompatriota por injuria y calumnia, y eventualmente por concurso para delinquir “si existen móviles externos para realizar tales afirmaciones absolutamente falsas, para que sea la Justicia quien dirima este asunto”, señaló en un comunicado