Versión Infobae.
Más de 20.000 millones de pesos en contratos públicos han salido en las últimas semanas de la Casa de Nariño, donde el gobierno de Gustavo Petro ha acelerado la contratación para blindar la continuidad de su política de paz total.
Esta estrategia, ejecutada justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías que restringe la contratación directa, busca asegurar la logística, seguridad y operación de los diálogos de paz con grupos armados y bandas criminales, según información obtenida por El Espectador.
Estos encuentros están previstos durante de las negociaciones con disidencias de alias Calarcá, el Frente Comuneros del Sur en Nariño, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, los Pachenca, el Clan del Golfo y bandas de Buenaventura, Medellín y Quibdó.
El detalle de la distribución de estos recursos revela la magnitud de la operación. Por ejemplo, las conversaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frente de alias Calarcá requerirán 31 eventos, con un costo de 3.060 millones, que incluyen reuniones de verificación, instalación de puestos de comunicación en el Catatumbo y distribución de insumos en Tibú.
La mesa de Nariño implicará espacios por 1.420 millones, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano por 2.518 millones y los diálogos sociojurídicos con bandas suman 1.500 millones. Además, se han destinado 790 millones al Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, 400 millones a eventos territoriales con enfoque poblacional y 312 millones a reuniones del despacho de Otty Patiño y procesos exploratorios.
La logística de los desplazamientos también ha sido prioritaria. El 19 de septiembre de 2025, la Casa de Nariño ordenó la contratación de servicios de tiquetes aéreos por 1.000 millones de pesos para los viajes nacionales e internacionales de la Consejería y el Fondo Paz.
Estos recursos, operados por la empresa Pubblica S.A.S., cubrirán traslados para alistamiento logístico, encuentros con comunidades, firmas de acuerdos y destrucción de material de guerra.
Un ejemplo de su uso fue el desplazamiento de 12 delegados a Catar para consolidar la confianza en las conversaciones con el Clan del Golfo, donde el Gobierno busca acuerdos sobre el reclutamiento de menores, erradicación de cultivos ilícitos y abandono de la explotación de recursos naturales.
La oficina del comisionado de paz justificó estos gastos señalando que “el tránsito hacia la paz exige una presencia constante en los territorios por parte de representantes del Gobierno, organizaciones internacionales, organismos de derechos humanos y otros actores clave del proceso de paz”, según recogió El Espectador.
Otros contratos relevantes incluyen 319 millones con el Comando de Ingenieros Militares para la destrucción de material de guerra y 810 millones con la División de Asalto Aéreo para garantizar horas de vuelo en el desarrollo de las mesas de diálogo.
En el caso de la destrucción de armas, el presidente Petro firmó un decreto que autoriza la suspensión microfocalizada de operaciones militares en zonas rurales de Nariño y Putumayo, permitiendo la destrucción de 14 toneladas de material entregado por las disidencias de alias Walter Mendoza.
El fortalecimiento de la participación ciudadana también figura en la estrategia contractual. Un acuerdo de 1.216 millones con la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (Ficonpaz), vinculada a la Arquidiócesis de Bogotá, busca robustecer los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia. Además, se han renovado contratos de negociadores y asesores como Vera Grabe, Feliciano Valencia, Yezid Arteta, Rodrigo Botero y Fabio Valencia Cossio, con montos individuales que oscilan entre 91 millones y 175 millones.
Contratistas y cuestionamientos sobre la idoneidad
Pubblica S.A.S., encargada de los tiquetes aéreos, también ha estado bajo la lupa por contratos millonarios con entidades estatales como ENTerritorio, Ecopetrol, La Previsora y los ministerios de Educación y Justicia, así como con la Procuraduría y el Ejército.
Retos para la ‘paz total’
El contexto político ha sido determinante en la aceleración de estos contratos. La circular de la Agencia de Contratación Pública del 25 de septiembre recordó a las entidades la inminente entrada en vigor de la Ley de Garantías el 8 de noviembre, lo que llevó a una carrera por dejar firmados los convenios necesarios para no afectar el funcionamiento de los programas.
En el plano político, el presidente Petro ha delegado la responsabilidad de avanzar en la paz total a una tríada de su gabinete: los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre, junto al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus. Benedetti y Montealegre tienen la tarea de impulsar en el Congreso la ley de sometimiento, pieza clave para el marco jurídico de la desmovilización de grupos criminales. Sin embargo, sus diferencias personales, evidenciadas en la filtración de chats y acusaciones mutuas, han requerido la intervención del presidente y de mediadores para mantener la cohesión del equipo.
Benedetti también lidera los acercamientos con exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mientras que Lemus ha transformado la DNI para alinearla con los objetivos de la paz total. Entre sus acciones destaca la mediación en el cese al fuego entre bandas en Barranquilla y la custodia de alias Mocho Olmedo, cuya extradición Petro condicionó a avances en la sustitución de cultivos ilícitos.
“La ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz, y el avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia: la economía ilícita”, afirmó el mandatario en un mensaje citado por El Espectador.
A pesar de los cuestionamientos y las tensiones internas, el Gobierno mantiene abiertas todas las mesas de diálogo, incluso aquellas suspendidas, y refuerza su presencia en los territorios.