La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se reunió en Popayán con representantes de autoridades regionales y locales, entidades y organizaciones para revisar las vulneraciones de derechos humanos que persisten en el departamento, a un año de la presentación del Informe Defensorial Cauca: voces que resisten 2024 – 2025, una publicación que reúne los principales hallazgos y recomendaciones sobre la situación de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
Durante el encuentro la Defensoría del Pueblo presentó una actualización de las cifras contenidas en el informe y entregó herramientas para orientar las decisiones institucionales con el fin de fortalecer la prevención, protección y garantía de los derechos de las comunidades.
La publicación busca aportar elementos para la toma de decisiones de las autoridades frente a la persistencia del conflicto armado, la reconfiguración de los grupos armados ilegales, las disputas por el control territorial y la expansión de las economías ilícitas, situaciones que continúan afectando especialmente a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y las comunidades campesinas.
El documento señala que el Cauca enfrenta un escenario de violencia y crisis humanitaria asociado a las acciones de distintas estructuras armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y organizaciones del crimen organizado.
Estas estructuras mantienen disputas por corredores estratégicos relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y las rutas hacia el Pacífico, lo que ha profundizado las amenazas, las restricciones a la movilidad y las afectaciones a la población civil.
La Defensoría del Pueblo mantiene 20 Alertas Tempranas activas que abarcan prácticamente todas las subregiones del Cauca y advierten sobre los riesgos asociados a las disputas entre grupos armados ilegales por el control de corredores estratégicos.
Las Alertas más recientes para el departamento son la 018 de 2026, para Popayán, y la 022 de 2026, para Mercaderes.
Formas de violencia.
El panorama de violencia en el Cauca continúa siendo preocupante. De acuerdo con lascifras de la Policía Nacional, entre 2024 y mayo de 2026 se registraron 1.747 homicidios: 827 durante 2024, 848 en 2025 y 72 entre enero y mayo de 2026.
Asimismo, según Indepaz, entre 2024 y julio de 2026 se documentaron 31 masacres que dejaron 134 víctimas. Estos hechos se han presentado en municipios como Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Corinto, López de Micay, Miranda, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío.
La violencia también ha afectado a quienes ejercen liderazgos sociales y trabajan por la construcción de paz. Entre 2024 y el 9 de julio de 2026 fueron asesinadas 17 personas firmantes del Acuerdo de Paz, según Indepaz, mientras que la Defensoría del Pueblo registró 84 homicidios de líderes y lideresas sociales durante el periodo analizado.
“Tristemente persisten los homicidios, las masacres, las desapariciones forzadas, las agresiones contra liderazgos sociales y contra personas firmantes del Acuerdo de Paz. Las personas que resisten la violencia, permanecen en el proceso de paz y han honrado su compromiso con el Acuerdo son más valientes que quienes siguen atacando a la población civil, movidos por intereses relacionados con las economías criminales”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
En relación con la desaparición forzada, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) registró 359 casos entre enero de 2024 y mayo de 2026, concentrados principalmente en Argelia, El Tambo, Patía, Suárez, Santander de Quilichao y Caloto.
Desplazamientos y confinamientos
El desplazamiento forzado y el confinamiento continúan siendo dos de las afectaciones humanitarias más graves en el Cauca, particularmente en territorios rurales y étnicos donde persisten los enfrentamientos armados y las restricciones impuestas por grupos armados ilegales.
Entre enero de 2024 y junio de 2026, la Defensoría del Pueblo registró 15.492 personas afectadas por desplazamientos masivos, principalmente en los municipios de Argelia, López de Micay, Balboa y Suárez.
A esta situación se suman 31.471 personas afectadas por confinamiento, de las cuales 14.306 pertenecen a Pueblos Indígenas y consejos comunitarios. Las mayores afectaciones se identifican en el Pacífico caucano y el sur del departamento, donde la presencia de artefactos explosivos, los enfrentamientos armados y el control territorial limitan el acceso a servicios esenciales.
Otras afectaciones
Entre enero de 2024 y mayo de 2026 se documentaron 595 casos de reclutamiento de menores de edad en el departamento: 399 en 2024, 182 en 2025 y 14 entre enero y mayo de 2026.
De los casos registrados, 389 corresponden a niñas, niños y adolescentes indígenas, lo que evidencia una afectación particular para estas comunidades. Los municipios con mayores registros son Páez, Corinto, Toribío, Argelia y Caldono.
La Defensoría también señala la persistencia de violencias basadas en género. Entre enero de 2024 y junio de 2026, la entidad atendió 758 casos en el Cauca, de los cuales 119 estuvieron relacionados con vulneraciones de derechos de mujeres lideresas, mayoritariamente afrodescendientes e indígenas.
Estas violencias incluyen amenazas, agresiones y otras formas de intimidación y control que afectan la participación de las mujeres, sus liderazgos y los procesos organizativos de las comunidades.
En materia ambiental, el Informe señala que durante 2024 se estimó la pérdida de 2.870 hectáreas de bosque, principalmente en Piamonte, El Tambo, Timbiquí, Cajibío y Santa Rosa, debido a actividades relacionadas con los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal y la apertura de vías no planificadas.
A estas afectaciones se suman las dificultades de acceso a la tierra, las desigualdades enla prestación de servicios de salud, los riesgos para la misión médica y las vulneraciones a los derechos colectivos de las comunidades étnicas.
La cartilla recoge 52 recomendaciones organizadas en nueve ejes temáticos, dirigidas a las autoridades nacionales y territoriales responsables de la prevención, protección y garantía de los derechos humanos.
“El Cauca sí conoció la reducción de la violencia después de la firma del Acuerdo de Paz. Los años 2016, 2017 y 2018 demostraron que el Cauca pudo vivir en paz y que puede volver a hacerlo, al igual que el país. Para ello, necesitamos no desaprovechar las oportunidades y retomar una agenda territorial de desarrollo y conservación”, señaló la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
• En materia de tierra y desarrollo rural, acelerar los procesos de clarificación, saneamiento, titulación y compra de tierras, con prioridad en los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y comunidades campesinas, así como fortalecer los mecanismos de diálogo y resolución pacífica de conflictos territoriales.
• Frente al control territorial de los grupos armados ilegales, fortalecer la presencia integral del Estado, actualizar el Plan Departamental de Acción contra Minas y promover acciones orientadas al desmantelamiento de las organizaciones criminales.
• Para la protección de lideresas, líderes sociales y personas firmantes del Acuerdo de Paz, agilizar las valoraciones de riesgo, garantizar medidas individuales y colectivas de protección y fortalecer la investigación de homicidios y amenazas.
• En materia humanitaria, implementar respuestas inmediatas y coordinadas frente al desplazamiento forzado y el confinamiento, asegurando la atención de las víctimas con enfoque diferencial.
• Frente al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, fortalecer las estrategias territoriales de prevención, ampliar la atención psicosocial, garantizar la permanencia escolar y establecer rutas seguras de denuncia y protección.
• En cuanto a las violencias basadas en género, fortalecer las investigaciones, mejorar las rutas de atención y garantizar medidas de prevención y protección con enfoques étnico y territorial.
• En materia ambiental, promover la restauración de ecosistemas afectados por las economías ilícitas y fortalecer las alternativas productivas sostenibles para las comunidades rurales.
La Defensoría del Pueblo insiste en que las medidas de prevención y protección deben contar con la participación efectiva de las comunidades y sus autoridades, así como con recursos y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar su implementación.
Asimismo, la Defensora recordó que el documento fue presentado en octubre de 2025 y reiteró el llamado a las autoridades para que atiendan sus recomendaciones y las Alertas Tempranas emitidas por la entidad: “Ha pasado un año, hacemos un llamado al nuevo Gobierno a que atienda este informe, a que atienda las Alertas Tempranas. Esa fue una de las dificultades que tuvimos con el gobierno anterior. Confiamos en que el Cauca tiene la oportunidad y el derecho a vivir en paz y que las autoridades y el Gobierno nacional deben hacerlo y responder oportunamente”.
La Defensoría del Pueblo continuará con el monitoreo y análisis de la situación de derechos humanos en el Cauca, así como con el seguimiento a las recomendaciones formuladas, para contribuir a la prevención de nuevas vulneraciones y a la protección de las comunidades del departamento.