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El run run

Hoy es Domingo 02 de Febrero: Es el día mundial de los humedales. En el Cauca, la CRC no dio a conocer actividad alguna para hoy.

 

Frase para hoy Domingo: “La Universidad debiera insistirnos en lo antiguo y en lo ajeno. Si insiste en lo propio y lo contemporáneo, la Universidad es inútil, porque está ampliando una función que ya cumple la prensa”. (Jorge Luis Borges)

 

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… Las informaciones que llegan desde las zonas urbanas y rurales del municipio de Argelia deben tener preocupadas a las autoridades tanto de ese territorio como del Cauca y del país en general. La Operación Perseo lanzada por el gobierno del cambio con un alto número de militares para combatir a los grupos armados al margen de la ley, el narcotráfico, la minería ilegal y la delincuencia no ha dado los resultados esperados. Lo grave del caso es que el gobierno nacional que tanto ha prometido no ha llegado con inversión social.  Termina una semana de caos para la seguridad de sus habitantes. Atentado terrorista con carro bomba, artefactos lanzados desde drones a cargo de las disidencias de las Farc dejando dos civiles muertos, varios heridos, millonarias perdidas materiales así como un desplazamiento masivo. Dónde está la presencia de la gobernación del Cauca en esos territorios? Dónde está el gobierno del cambio realizando la transformación de lo que tanto se habla? Han dejado solas a las autoridades de Argelia y a las comunidades en general de este municipio como del corregimiento de El Plateado.

… Para recuperar la seguridad en El Plateado, corregimiento de Argelia, es fundamental una presencia estatal integral que no se limite solo a la acción militar. Aunque el gobierno ha desplegado la Operación Perseo con tropas para combatir a los grupos armados ilegales, la estrategia no ha logrado frenar los atentados y enfrentamientos. La ausencia de inversión en infraestructura, educación, salud y desarrollo económico ha dejado a la población en una situación de vulnerabilidad extrema, facilitando que los grupos armados sigan ejerciendo control territorial y social. Se necesita una política de seguridad que combine operaciones militares con programas de desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional.

Además, es urgente garantizar la protección de la población civil, que a diario sufre las consecuencias del conflicto. Los desplazamientos masivos, los asesinatos de líderes sociales y los atentados han generado un clima de terror que impide la vida normal en la región. Es necesario fortalecer los mecanismos de protección a líderes comunitarios, mejorar la atención a las víctimas y establecer corredores humanitarios que permitan el acceso de ayuda humanitaria. Sin medidas concretas para proteger a los habitantes de El Plateado, la violencia seguirá desplazando a la población y destruyendo el tejido social.

Por último, se requiere una estrategia de sustitución de economías ilegales con proyectos viables y sostenibles. La presencia de cultivos de uso ilícito y el narcotráfico son el motor del conflicto en el Cañón del Micay. Sin alternativas económicas reales, los campesinos seguirán atrapados entre las presiones de los grupos armados y la represión estatal. Es crucial que el gobierno implemente programas de sustitución con inversión en infraestructura, mercados para productos agrícolas y acceso a créditos, de manera que las comunidades puedan encontrar una salida a la violencia a través de la economía legal. Sin esta transformación estructural, la seguridad en El Plateado seguirá siendo un desafío sin solución a largo plazo.

… Hablamos de nuevo con el señor alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, quien considera que se vienen haciendo bien las cosas con transparencia y siempre de cara a las comunidades. Ha estado recorriendo los barrios y las veredas inspeccionando el estado de trabajos que se están ejecutando y buscando articular con la gobernación, obras de mantenimiento de vías rurales así para la construcción de placas huellas. Ahora anuncia el proyecto de la construcción de la plaza de mercado para el barrio Bolívar y para ello se cuenta con la alianza de la gobernación del Cauca. Ese proyecto que fracasó en la administración del “Pollo” López, podrá convertirse en realidad siempre y cuando participen todos los actores como comerciantes, vendedores y comunidad en general de ese importante sector de la ciudad. La Fundación Universitaria de Popayán a través de su programa de arquitectura tendrá la responsabilidad de formular los estudios y diseños y para ello deberá iniciar unas mesas de diálogo con esos sectores del barrio Bolívar. El proyecto es ambicioso y más cuando se busca  recuperar la avenida de los estudiantes, construir el malecón del río Molino y todo el entorno. La galería moderna es una necesidad para esa zona de Popayán.

… Los damnificados por el fenómeno natural del 19 de Enero en los municipios de Puracé, Sotará y Timbio siguen esperando soluciones definitivas a la emergencia social, económica y ambiental que hoy están enfrentando. Han estado llegando ayudas humanitarias gracias a los organismos de socorro que han hecho gestión para llevar el agua. Lo que no se tiene es una respuesta a la crisis por la perdida de los cultivos, la muerte de animales como aves, ganado y ovejos, entre otros.  Va siendo hora que el gobierno departamental del Cauca a través de la secretaría de agricultura y desarrollo rural gestione ante el gobierno nacional soluciones reales para los indígenas y campesinos de estos municipios.

 

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Columnista Invitado: José Gregorio Hernández.

Migración y dignidad humana

Durante la ceremonia de promulgación de la denominada «Ley Laken Riley» –de iniciativa republicana, pero aprobada por congresistas republicanos y demócratas–, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aludió a un crimen perpetrado en febrero de 2024 en la Universidad del Estado de Georgia. La joven estudiante de enfermería Laken Riley –en cuyo homenaje se dio nombre a la norma– fue atacada y asesinada, cuando hacía ejercicios, por un migrante venezolano que presentaba antecedentes por delitos menores y que, por el aludido crimen, fue condenado a cadena perpetua en noviembre del año pasado.

La nueva ley faculta a las autoridades federales para capturar y deportar a los migrantes inculpados o acusados de robo o de otros delitos, aunque no hayan sido condenados; «con carácter preventivo, para salvar miles de vidas», según expresó Trump. Ello, además de ser discriminatorio respecto a otros procesados, desconoce la presunción de inocencia, que cobija a toda persona, sea cualquiera su nacionalidad y su situación como residente. Además, en cuanto forma de evitar futuros crímenes, parte del supuesto equivocado según el cual, dada su condición de migrantes, cometerán delitos en el futuro.
Por otro lado, a Colombia, como a varios otros países latinoamericanos, han llegado y siguen llegando, desde Estados Unidos, cientos de personas migrantes deportadas por el gobierno de Donald Trump, en cumplimiento de sus promesas de campaña. Según medios internacionales, personas transportadas en aviones norteamericanos han sido maltratadas, atadas de pies y manos y sometidas con violencia, solamente por ser migrantes.
También se informa que, dado el reclamo de nuestro Gobierno, ninguno de los que llegaron a Colombia en los primeros vuelos, en aviones colombianos, presentaba antecedentes penales.
Todo Estado tiene derecho a no aceptar la permanencia en su territorio de personas extranjeras que han ingresado sin cumplir los requisitos señalados en su legislación o que, habiendo ingresado legalmente, han dejado vencer, sin renovar, los pertinentes documentos. Con mayor razón, tiene el derecho y la obligación de capturar y someter a proceso penal a los sindicados de haber delinquido en ese territorio, sean o no migrantes; trátese de nacionales o de extranjeros que tienen sus papeles en regla, pero que incurren en conductas delictivas.
Pero, obviamente, eso debe tramitarse, no por capricho sino con arreglo a los principios y reglas nacionales e internacionales. Gobernantes y funcionarios administrativos deben respetar la dignidad y los derechos de las personas, y dejar en cabeza de los jueces las pertinentes decisiones, previo el debido proceso.
Por orden de Trump, para quien todo migrante es un criminal –criterio equivocado–, Estados Unidos adelanta una campaña de detención y deportación que hace pocos días provocó un agrio enfrentamiento –en redes sociales– entre él y el presidente Gustavo Petro, con repercusión inicial en suspensión de servicios consulares, amenazas de incremento de aranceles y otras arbitrariedades. Gracias a gestiones y acuerdos diplomáticos entre funcionarios de los dos países, tan absurdas medidas fueron revocadas, toda vez que –allá y aquí– habrían causado daño injustificado al comercio, a la economía y a muchas personas ajenas al conflicto.
Con independencia de la forma de comunicación que usaron los presidentes –que no fue la más afortunada, pues ambos han debido usar la vía diplomática, como lo hizo Brasil–, cabe insistir en algo sustancial: todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de una dignidad inalienable y de unos derechos inherentes a ella, que son reconocidos a nivel constitucional e internacional como fundamentales.
Todo Estado democrático –sea quien sea el gobernante e independientemente de su ideología y filiación política– está obligado a no lesionar esa dignidad; a no vulnerar ni permitir que se vulneren los derechos esenciales. Por el contrario, tiene que ejercer el poder del que dispone para garantizar su preservación, respeto y promoción.
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