Versiòn Infobae.
El anuncio del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre la creación de un “Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana” como decreto presidencial provocó un fuerte debate político en el país.
La propuesta plantea una estrategia de seguridad coordinada entre el Gobierno nacional y las principales ciudades del país para enfrentar delitos como la extorsión, el hurto y el homicidio.
Uno de los primeros apoyos llegó desde Bucaramanga. El alcalde Cristian Portilla destacó que la seguridad es un trabajo que requiere articulación entre niveles de gobierno. En su mensaje, insistió en que las ciudades no pueden enfrentar solas el crimen organizado.
Desde Antioquia, el gobernador Julián Andrés Rincón expresó su apoyo, aunque amplió la discusión hacia el problema rural. Según él, no es posible mejorar la seguridad urbana sin intervenir los factores de violencia en el campo.
Señaló que gran parte de los homicidios ocurren en zonas rurales y advirtió sobre el crecimiento de grupos armados y economías ilegales: “Hemos resistido el embate criminal estos cuatro años, que nos ha dejado la paz total, con un crecimiento de las FARC de 70% y del Clan del Golfo de 60%; más de 20 mil hectáreas de coca; extorsión que golpea a campesinos, comerciantes y transportadores; minería ilícita y otras economías delictivas que amenazan la tranquilidad de decenas de municipios».
En su declaración fue más allá al señalar el aumento de cultivos ilícitos y la expansión de estructuras criminales, al insistir en que se requiere una estrategia integral que incluya al territorio rural y no solo a las ciudades.
El exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, conocido como “Bukele colombiano” y que está entre el sonajero de quienes integren el gabinete de De la Espriella, también respaldó el anuncio y, desde su experiencia en el gobierno local, afirmó que la clave para enfrentar la inseguridad es la cooperación permanente con la Nación.
“Con mi experiencia como alcalde de Bucaramanga por alrededor de año y medio, considero que no hay nada que facilite más el trabajo de un mandatario local frente a la seguridad que contar con el apoyo y escucha permanente del Gobierno nacional”, escribió.
Aseguró que el decreto puede convertirse en una herramienta concreta para orientar a los alcaldes en la lucha contra la delincuencia, resaltando que durante años las ciudades han pedido mayor acompañamiento del nivel central.
En la región Caribe, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, recibió la propuesta con optimismo. En su mensaje destacó que Colombia necesita decisiones firmes frente a la inseguridad y que los gobiernos locales requieren respaldo real para enfrentar el crimen.
“Colombia necesita decisiones firmes en materia de seguridad y justicia, y el liderazgo del presidente de la República es fundamental para respaldar a quienes, desde las regiones, enfrentamos este desafío todos los días”, escribió el mandatario local en X.
Char insistió en que la seguridad es uno de los principales desafíos de las ciudades y que el trabajo conjunto es la única forma de devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
En Cali, el alcalde Alejandro Eder también se sumó al respaldo y señaló que la ciudad ha sido una de las más golpeadas por la violencia y que cualquier esfuerzo coordinado es positivo.
En X, el alcalde de la capital del Valle del Cauca escribió: “Ese es el camino: coordinación, autoridad y acciones concretas para proteger a los ciudadanos”.
Eder afirmó que desde el inicio de su administración ha pedido más capacidades para las ciudades y un trabajo conjunto con la Nación. Para él, la clave está en la coordinación institucional y en la ejecución de acciones concretas contra estructuras criminales.
En Medellín, el alcalde Federico “Fico” Gutiérrez fue uno de los más enfáticos en su apoyo, por lo que celebró la iniciativa y la contrastó con políticas anteriores, afirmando que la seguridad debe ser una prioridad del Estado.
“Qué diferencia un presidente que quiere seguridad para la gente vs. otro que venía a Medellín a hacer “tarimazos” con los criminales. Que nuestra gente viva tranquila. Los únicos que deben sentir miedo son los criminales”, escribió Fico en X.
Su mensaje se centró en la necesidad de que la ciudadanía recupere la tranquilidad y en que los únicos que deben sentir temor sean los delincuentes.
Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán expresó su disposición a trabajar con el nuevo gobierno, por lo que señaló que la capital enfrenta retos complejos en materia de criminalidad y que se necesita fortalecer la política criminal del país.
“La fuerza pública necesita más apoyo del nivel nacional para que podamos seguir dando golpes contra la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas. Solo debilitando estas estructuras vamos a recuperar la seguridad y disminuir los homicidios”, se lee en el post de Galán.
En su publicación insistió en que quienes cometen delitos violentos no deben permanecer en libertad, sino responder ante la justicia, resaltando la necesidad de endurecer la acción del Estado contra las estructuras criminales.
Aseguró que el Estado debe recuperar la autoridad y que el mensaje del nuevo gobierno es claro frente a la criminalidad. Su declaración reforzó la narrativa de mano firme que acompaña el anuncio del decreto.
“Los bandidos deben saber que sus días de impunidad se están acabando (…) La seguridad en Colombia volverá a ser un derecho, no un privilegio”, escribió el líder.
Oposición alerta sobre supuesto paramilitarismo y vicios legales en la propuesta de De la Espriella
En el otro extremo del debate, la representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, fue una de las primeras en rechazar la iniciativa al cuestionar el enfoque del decreto y lo comparó con modelos de seguridad del pasado.
En su mensaje advirtió que este tipo de estrategias podrían abrir la puerta a estructuras similares al paramilitarismo y alertó sobre los riesgos de repetir modelos que dejaron graves consecuencias en el país.
“¡Qué barbaridad! La misma receta de las Convivir, la legalización del paramilitarismo. Vergonzoso», escribió.
La senadora Isabel Zuleta, también del Pacto Histórico, expresó una preocupación centrada en los derechos humanos, por lo que recordó operativos como la Operación Orión en Medellín y señaló que aún existen víctimas y personas desaparecidas asociadas a ese tipo de intervenciones.
En su mensaje pidió vigilancia de organismos nacionales e internacionales y advirtió que cualquier estrategia de seguridad debe evitar repetir episodios de violencia estatal o paramilitar.
“Aún hoy buscamos los desaparecidos, aún hoy la ciudad de Medellín llora a las víctimas civiles que murieron por una idea como esta. Este anuncio es una alerta en materia de DDHH, todos los organismos deben estar atentos, no podemos repetir la historia”, se lee en el post de la senadora.
La creadora y representante electa Lalis también se pronunció en contra; afirmó que su papel en el Congreso será oponerse a cualquier intento de legitimar estructuras armadas ilegales bajo el argumento de seguridad.
“En el Congreso NO vamos a permitir que revivan el paramilitarismo ni que disfracen de “seguridad” estrategias que en el pasado solo dejaron persecuciones, perfilamientos y ejecuciones extrajudiciales”, escribió en X.
Insistió en que el monopolio de la fuerza debe permanecer exclusivamente en manos del Estado y advirtió que las redes sociales serán un espacio clave para vigilar la implementación de este tipo de políticas.
Por su parte, la actriz Diana Ángel, conocida por sus papeles en Francisco el matemático y en La hija del mariachi, expresó preocupación por lo que considera posibles interpretaciones peligrosas del decreto.
En su mensaje advirtió sobre el riesgo de que se justifiquen prácticas de “limpieza social”, una expresión que provoca amplio rechazo en el país por su relación con violaciones de derechos humanos en el pasado, como son las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”.
Además, el creador de contenido y representante electo Wally criticó el anuncio señalando que se trata de un modelo ya conocido en la historia reciente de Colombia. Según él, experiencias similares terminaron en violencia, desplazamientos y abusos, por lo que pidió no repetir lo que llamó “un libreto ya probado”.
“Colombia no necesita reciclar fórmulas que dejaron muerte, terror y desplazamiento.Colombia requiere soluciones reales, serias y que no repitan nuestra sangrienta historia”, escribió en X.
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo también reaccionó con críticas fuertes y un tono irónico.
Cuestionó la viabilidad del anuncio y acusó al gobierno entrante de retomar enfoques del pasado y su intervención se sumó a las voces que dudan de la efectividad jurídica y política del decreto.
“¡El 7 de agosto firmaré un decreto prohibiendo el hurto de celulares en todo el territorio nacional! ¡Payaso! Quienes hoy reciben la Casa de Nariño fueron los mismos que la entregaron en el 2022, el duquismo hizo trizas la paz», se lee en parte de su mensaje.
La senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, advirtió que la medida podría significar un retroceso en materia de derechos humanos.; en su mensaje planteó la posibilidad de un regreso a prácticas paramilitares y pidió máxima alerta institucional frente a lo que considera un riesgo para la población civil.
“¿Volverá el paramilitarismo a Colombia? Por lo menos eso será lo que decretará Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto”, publicó la congresista.
Por último, Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que de allí surgió su apodo como “Mr. Taxes”, cuestionó la forma en que se plantea el decreto desde el punto de vista jurídico.
Señaló que podría enfrentar problemas legales si no se surtieron los procesos de participación ciudadana; su advertencia apunta a posibles demandas que podrían frenar su implementación.
“Si lo firma el 7 de agosto, se lo van a tumbar enseguida por no haberlo sacado para comentarios”, escribió Reyes.