La grave situación de orden público en el departamento del Cauca se agudizó en las últimas horas luego de conocerse un comunicado atribuido a estructuras de las disidencias de las Farc que operan en la cordillera Occidental, mediante el cual se imponen restricciones a la movilidad de la población y se amenaza con sanciones económicas a quienes no participen en la jornada electoral. Las medidas comenzaron a regir en municipios como Argelia, Balboa, Patía, Mercaderes, Florencia, Bolívar y Sucre, entre otras localidades de esta región caucana.
De acuerdo con el documento que circula ampliamente en la zona, los grupos armados ilegales decretaron toque de queda, prohibieron el desplazamiento de los ciudadanos hacia sus lugares de trabajo y restringieron la circulación de vehículos automotores. Además, ordenaron la aplicación de ley seca durante el período establecido, bajo el argumento de mantener el control territorial en vísperas de las elecciones.
El comunicado también advierte que quienes incumplan las disposiciones o se abstengan de acudir a las urnas serán objeto de sanciones. La multa inicial, según el texto, consistiría en la entrega de 100 bultos de cemento, castigo que aumentaría progresivamente para quienes desacaten las órdenes impartidas por esas estructuras armadas ilegales. Estas amenazas han generado preocupación y temor entre las comunidades campesinas y habitantes de los municipios afectados.
Pese a la gravedad de las denuncias y a la incertidumbre que existe entre la población, hasta el momento no se conocen pronunciamientos oficiales por parte de las administraciones municipales involucradas ni del Gobierno Departamental del Cauca frente a estas imposiciones de los grupos armados al margen de la ley, que podrían afectar el libre ejercicio democrático y la seguridad de los ciudadanos en la región.