La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Tumaco, adelanta una verificación de la situación de derechos humanos y acompaña a la población de Pacífico Nariñense ante la grave situación de orden público que se presenta en esa región del país.
“La Defensoría de Pueblo está acompañando a los pobladores de Tumaco y de los municipios aledaños quienes son víctimas del acoso y violencia por parte de grupos armados al margen de la ley. Por eso, hago un llamado a las autoridades tanto del orden local, departamentos y nacional para que tomen las medidas urgentes que permitan atender de manera urgente esta problemática”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
“Según información de nuestros funcionarios de la Regional Tumaco, en los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera los grupos armados ilegales no permiten la entrada de alimentos y la comercialización de los mismos, por lo que ya se presenta desabastecimiento”, agregó el Defensor del Pueblo.
De la misma forma, la Defensoría del Pueblo da cuenta del confinamiento de la población del municipio de El Charco, en el cual se viene adelantando una protesta pacífica ciudadana para exigir mayor inversión social y que cese el reclutamiento de menores de edad, entre otras medidas.
Sin embargo, esta situación ha llevado al cierre del comercio lo cual ha generado una difícil situación para la población de municipio.
Además, en el municipio de Mosquera, varias familias tuvieron que desplazarse de la zona rural hacia el casco urbano. También se registra desplazamiento en Barbacoas y Sanquianga. Todos estos hechos están relacionados por las disputas del territorio y de las actividades del narcotráfico por parte de los grupos armados ilegales. Desde la Defensoría del Pueblo se hizo un llamado a estas organizaciones para que respeten el DD.HH y DIH de quienes habitan esta zona.
Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas en Sanquianga (080-2018), Tumaco (004 y 044 de 2018) y Barbacoas (045-2019) por presencia de grupos armados ilegales y la disputa del territorio por el control de las economías ilegales, principalmente ligadas al narcotráfico.