Lo que para el actual Gobierno representa un ajuste administrativo al Fondo de Energía Social (FOES), para el departamento del Cauca constituye una decisión con profundas consecuencias sociales y económicas. La expedición del Decreto 0526 de 2026 modifica el destino de los recursos del fondo y pone en riesgo el subsidio que durante años permitió a miles de familias de menores ingresos acceder al servicio de energía en condiciones más favorables.
El nuevo decreto del Gobierno ordena que, a partir del 1 de junio de 2027, la facturación comunitaria se elimine para las Áreas Rurales de Menor Desarrollo (ARMD) y las Zonas de Difícil Gestión (ZDG). Las ARMD corresponden a zonas rurales que, según el índice de necesidades básicas insatisfechas publicado por el DANE, presentan condiciones de pobreza estructural, con un índice superior a 54,4, reflejando carencias en vivienda, servicios públicos y generación de ingresos. Por su parte, las ZDG son territorios donde la prestación del servicio enfrenta enormes dificultades: presentan pérdidas de energía superiores al 40% y altos niveles de cartera vencida, todos usuarios de estratos 1 y 2.
Las proyecciones son alarmantes: 178.000 usuarios del Cauca resultarían afectados de manera directa y los demás usuarios del Cauca de manera indirecta. Los incrementos serían hasta de un 30% en el valor de su factura de energía, un impacto que recaerá principalmente sobre los hogares de menores ingresos, las comunidades rurales y las zonas históricamente golpeadas por la violencia, la pobreza y el abandono estatal.
En un departamento donde miles de familias enfrentan importantes dificultades económicas, esta medida incrementaría la presión al reducir los recursos disponibles para cubrir otras necesidades básicas como la alimentación, la educación y el transporte. Esta medida representa un golpe directo a la economía de los hogares más vulnerables; lejos de aliviar las desigualdades territoriales, el decreto profundiza las brechas sociales y aumenta la presión financiera sobre quienes tienen menos capacidad para asumir nuevos costos.
Para el Gerente General de CEO, Armando José Cuello Navarro, esta decisión desconoce las realidades sociales y económicas de los territorios más apartados de Colombia y contradice el principio de equidad que debe orientar las políticas públicas. “Resulta inadmisible que sean precisamente las comunidades más vulnerables las que terminen financiando las consecuencias de una modificación normativa que debió protegerlas y no exponerlas a mayores cargas económicas, afectando la tranquilidad de una familia, la sostenibilidad de un pequeño negocio y la confianza de una comunidad. Nuestro llamado es a construir soluciones que escuchen el territorio”.
Ante este panorama, desde CEO, en articulación con otros sectores se viene realizando un llamado urgente al Gobierno Nacional para revisar los alcances del Decreto 0526 de 2026, adoptar medidas diferenciales para el Departamento y garantizar que el Fondo de Energía Social continúe cumpliendo su propósito esencial: proteger a las familias más vulnerables y garantizar a través de un esquema diferencial, el acceso a la energía eléctrica como un servicio público fundamental.