Versiòn Infobae.
Como parte de sus primeras acciones en pro de su proyecto político que denominó a lo largo de su campaña como la “Patria milagro”, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha iniciado el proceso para reintegrar a oficiales retirados de la Policía y el Ejército durante el gobierno de Gustavo Petro, una decisión que ya genera debate en el país.
Durante una reunión celebrada en Barranquilla días después de la primera vuelta electoral (domingo 31 de mayo de 2026), De la Espriella habría planteado a su equipo de asesores la revisión individual de los casos de los oficiales retirados en los últimos cuatro años.
“Dijo que se revisaría caso por caso y hoja de vida de cada uno de los oficiales retirados en estos cuatro años”, relató una fuente cercana al presidente electo al mismo diario bogotano.
Esta estrategia apunta, según el nuevo gobierno, a restituir mandos clave en inteligencia, contrainteligencia y operaciones especiales, a quienes se les atribuye experiencia en la lucha contra el crimen organizado.
Entre los nombres que encabezan el listado se encuentra el general (r) Edwin Urrego, exoficial de la Policía, quien dejó la institución en febrero tras la circulación de un anónimo en la Casa de Nariño donde se le implicaba en un supuesto montaje contra el entonces presidente Gustavo Petro.
Voces en el entorno policial afirman, sin embargo, que su salida respondió a su participación en el allanamiento a una propiedad vinculada a Armando Benedetti y a su apoyo en la seguridad del propio De la Espriella durante su campaña en Barranquilla, destacó el mismo periódico colombiano.
Junto a Urrego, figuran también la coronel Julie Ruiz, exjefa de contrainteligencia, y el coronel Sergio Peñaranda. Ambos han iniciado acciones legales para su reintegro.
Según documentos judiciales y testimonios recogidos por el mismo medio de comunicación, la salida de estos oficiales se relaciona con su trabajo en investigaciones de alto perfil, como el caso de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, contra la corrupción en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y el escándalo del software espía Pegasus.
Desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), los oficiales retirados denunciaron exámenes con polígrafo y presiones internas para suministrar información comprometedora sobre superiores.
El entonces jefe de la DNI, Jorge Lemus, negó públicamente que la entidad influyera en ascensos o retiros. No obstante, el mismo diario bogotano en su momento reveló un audio donde se presionaba al coronel Flaminio Quitián, partícipe en la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo por ese entonces. Quitián denunció el hecho ante el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y fue reincorporado.
¿Qué arrojan estos casos?
El patrón se repite en otros casos: oficiales que recurrieron a la justicia tras ser retirados por investigaciones que involucraban a figuras políticas o a cabecillas de organizaciones criminales.
El coronel Peñaranda obtuvo un fallo de tutela que ordenó su reintegro hasta que se evalúe el nivel de riesgo que enfrenta por su trabajo en el caso “Papá Pitufo”.
La coronel Ruiz, por su parte, participó en una audiencia de conciliación tras demandar su retiro y la cancelación de una comisión de estudios en Washington.
Ruiz presentó mensajes en los que se le comunicaba que su salida respondía a una orden presidencial y denunció ante la Fiscalía contratos irregulares vinculados a un oficial de la reserva cercano al hijo del general (r) William René Salamanca.
En el Ejército, uno de los casos más emblemáticos es el del general (r) Erick Rodríguez, retirado el 9 de junio después de 33 años de servicio y después de denunciar la carnetización de población civil por parte de disidencias bajo el mando del cabecilla de las disidencias de las Farc Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, práctica que habría afectado procesos electorales en al menos cinco departamentos.
Días antes de su salida, el presidente Petro advirtió que apartaría a militares involucrados en proselitismo, aunque el ministro de Defensa descartó represalias en el caso de Rodríguez.
Otro oficial en situación similar es el general Jorge Ricardo Hernández, excomandante de la Cuarta Brigada en Antioquia, quien atribuye su salida a una operación militar que, según él, afectó la imagen de la política de “paz total”.
Hernández también enfrenta señalamientos por supuestos nexos de miembros del Ejército con redes de minería ilegal, situación que lo llevó a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
El listado de retirados incluye al general Juan Carlos Fajardo, excomandante de la Séptima División del Ejército, vinculado a operativos contra alias Calarcá. Los abogados de Hernández y Fajardo han iniciado gestiones legales y no descartan recurrir a organismos internacionales.
La controversia se extiende también a la Policía Nacional, donde el exdirector general (r) Henry Sanabria mencionó públicamente a los coroneles Jhon Arbey Álzate Duque, Juan Miguel Thiriat y Zaid Eduardo Pabón como oficiales clave en la lucha contra grupos armados ilegales. Según Sanabria, estos oficiales habrían sido removidos por presiones del “clan del Golfo” en el contexto de la política de “paz total”, aunque fuentes de la DNI los vinculan al caso Pegasus.
El presidente saliente, Gustavo Petro, defendió la legitimidad de los retiros y sostuvo: “A nadie en la Fuerza Pública de Colombia se le ha retirado sino por solicitud propia o violación de derechos humanos, por participación en política o por indicios de corrupción (…)”.
El proceso de reintegro de estos oficiales, que ya suma demandas, tutelas y audiencias de conciliación, será una de las primeras pruebas para el nuevo gobierno.