El exsenador y exconstituyente Humberto De La Calle se refirió este martes al controvertido evento que lideró el pasado sábado en Medellín el presidente Gustavo Petro, donde en La Alpujarra –en pleno corazón administrativo y político de la capital de Antioquia–, compartió tarima con los voceros de las bandas de crimen organizado de la ciudad.
Al calificar como “grave el ‘tarimazo’”, De La Calle recordó que en el inicio del Gobierno Petro se presentó un proyecto de ley de sometimiento de este tipo de organizaciones; sin embargo, reclamó que el propio Ejecutivo “lo dejó morir” y “nunca volvió a tocar el tema”. Por ello, alertó que las negociaciones no tienen un marco jurídico.
“Es grave que continúen negociaciones con criminales no políticos, sin marco jurídico y sin que sepamos cuál es el puerto de llegada. Grave también ese acto ostentoso que amenaza a las autoridades locales, la fiscalía, la justicia, las fuerzas armadas”, declaró el exsenador.
En ese sentido, De La Calle sostuvo que una cosa es desmovilizar y otra muy diferente es “el exhibicionismo sin compromiso serio de dejar de delinquir. Grave el tarimazo’”, precisó.
En ello coincidió la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), quien también confirmó que hace más de dos años el Gobierno Petro se comprometió a radicar una iniciativa de sometimiento. No obstante, “nos notifican de que no es ley, que el absurdo constituyente es para los mafiosos de hoy. El exministro de Justicia, Nestor Osuna, habló del primer proyecto de sometimiento. ¿La ministra Angela Buitrago se fue por el delirio constituyente para criminales?”, cuestionó.
“¿Qué significa eso? Que los responsables de los crímenes más graves sean sumisos ante la ley, las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad”, afirmó la funcionaria en un video publicado en sus redes sociales este martes.
Según ella, “cuando se confunde el lugar de los responsables con el de actores políticos en un contexto electoral, no hay paz que sea posible, pues confunde lo admisible con lo inadmisible”.
El evento en cuestión ocurrió el sábado anterior en la plazoleta de La Alpujarra, en el centro de la ciudad, donde el jefe de Estado y otros servidores públicos de su coalición compartieron una tarima con varios jefes del crimen organizado que participan en la mesa de diálogos de paz urbana, instalada en la cárcel de Itagüí; entre ellos estuvieron José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”) y Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo” o “el Viejo”).
La defensora también hizo énfasis en las consecuencias de la deteriorada relación entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional, en cabeza de Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, respectivamente.
“Desalienta ver la falta de coordinación del Gobierno Nacional con el municipal, se advierte rivalidad, la ciudad de Medellín no debería ser el escenario de disputa política entre los mandatarios, la obligación del presidente y del alcalde es la de articulación, en el marco de sus competencias constitucionales, para poner fin a la violencia”, recalcó Marín.
Y concluyó que “la paz urbana necesita legitimidad social, institucional y moral, cualquier mensaje que lleve a pensar que se está utilizando el proceso para otros fines políticos, puede hacerle daño a la ciudad. El centro no debe ser la rivalidad de los mandatarios y sus formas de ver la paz, el centro debe ser la reducción de la violencia y los derechos de las víctimas”.