Versiòn diario El Tiempo.
Un ajuste en los esquemas de protección asignados a figuras públicas vinculadas al sector político derivó en la cancelación de los esquemas de seguridad que beneficiaban a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral. La Unidad Nacional de Protección (UNP) determinó que los tres ciudadanos no reunían los criterios técnicos ni los factores de vulnerabilidad necesarios para mantener las medidas de resguardo.
Procesos judiciales y controversia en la Aerocivil
El caso de Gabriela Muñoz tomó relevancia tras asignársele protección estatal en la fase final de la administración presidencial previa. La ciudadana alegó en su momento ser víctima de intimidaciones, versión que la llevó a instaurar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.
Sin embargo, fuentes del organismo investigador aclararon que la entidad no solicitó de manera directa la asignación de escoltas, sino que requirió un estudio técnico para determinar su nivel de riesgo.
Paralelamente, Muñoz enfrentó señalamientos por una supuesta injerencia en decisiones administrativas dentro de la Aeronáutica Civil (Aerocivil). Las acusaciones provienen de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del Fondo Adaptación, quien la vinculó con el manejo de asuntos internos en la entidad aérea.
A estos cuestionamientos se sumaron las observaciones del representante a la Cámara Daniel Briceño sobre presuntas anomalías en la vinculación de personal, entre las que citó el nombramiento de Santiago David Muñoz Olaya, hermano de Gabriela, como auxiliar V en la Aerocivil.
Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación abrió a finales de julio una indagación previa para verificar la ocurrencia de posibles irregularidades en los procesos de contratación y nombramientos de la entidad aeroportuaria, actuación que se encuentra en etapa preliminar.
Ante la ola de señalamientos, la propia Gabriela Muñoz rechazó las imputaciones a través de un pronunciamiento público: “No pudieron desmentir mis argumentos, así que decidieron intentar destruir mi nombre. Como siempre ha ocurrido con muchas mujeres que participan en la vida pública, recurrieron al machismo más viejo y más cobarde”, afirmó.
Indagaciones contra Juliana Guerrero por títulos y contratos
La situación de Juliana Guerrero involucra dos expedientes judiciales en la Fiscalía. El 26 de marzo, el ente de control la citó a audiencia de imputación por la presunta utilización de documentos académicos falsos en su hoja de vida con la intención de acreditar los requisitos para optar al cargo de viceministra de Juventudes.
En la diligencia, la Fiscalía sostuvo que los títulos presentados «con el propósito de inducir en error a los servidores públicos (…) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de juventudes» contaban con una apariencia de legalidad. El ente acusador argumentó además que “los documentos anteriores ostentaban forma y firma institucional con capacidad para generar confianza y producir efectos jurídicos”.
El segundo frente investigativo se abrió el 27 de julio a raíz de una publicación de la revista Semana sobre una presunta red de gestión de contratos estatales en la que habría participado junto a su hermana, Verónica Guerrero. La Policía Judicial y la Dirección Especializada contra la Corrupción analizan si las hermanas solicitaban dinero a empresarios a cambio de interceder ante funcionarios públicos.
La estructura bajo sospecha habría operado con las siguientes tarifas y porcentajes:
- Un cobro inicial de 1 millón de pesos por la gestión de una reunión.
- Un anticipo de 200 millones de pesos para poner en marcha las mediaciones.
- Una comisión equivalente al 10 % del valor total del contrato que resultara adjudicado.
Las pesquisas buscan determinar si estas gestiones abarcaron proyectos vinculados a Fiduagraria, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y los ministerios de Defensa, Ambiente, Igualdad, Interior y Vivienda. Guerrero desmintió estas versiones asegurando que «nunca» se ha «reunido con supuestos empresarios para gestionar contratos» y remarcó que desde hace más de un año no mantiene relaciones contractuales con la rama ejecutiva.
Ajuste de esquema para Beto Coral
En lo referente al activista Beto Coral, la UNP procedió al retiro de su esquema tras constatar que las medidas le habían sido otorgadas de forma inmediata al momento de ser deportado desde Estados Unidos. La entidad constató que en ese procedimiento no se surtieron los análisis técnicos ni las evaluaciones previas que estipulan los protocolos de la institución para determinar el nivel de riesgo real de los beneficiarios.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.