Crisis humanitaria en la Cuenca del Rìo Calima en el Valle.

La Comisión de Vida, Justicia, Solidaridad y Paz de la Diócesis de Buenaventura, inspirada en el mensaje de Jesús “he venido para que tengan vida y vida en abundancia (JN 10,10) ratifica su compromiso de acompañar todas las acciones en defensa de los derechos integrales de nuestras comunidades rurales y urbanas de Buenaventura y el Pacífico. Por ello, como Comisión de esta Iglesia local, en compañía de la Coordinación Regional del Pacífico – CRPC y la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico -CIVP, hacemos público el siguiente llamamiento:
El territorio de Buenaventura, en especial el Consejo Comunitario de la comunidad negra de la Cuenca del río Calima y Resguardo indígena del pueblo Wounaan,se encuentra en alto riesgo frente a los derechos a la vida, integridad fisica y cultural de las personas y los pueblo etnicos, (se han generado desplazamiento masivos, confinamientos, homicidios y despariciones), por efectos de la diputa armada de múltiples actores ilegales pertenecientes a las estructuras del ELN, Disidencias de las Farc y Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC. Desde el año 2021 esta Comisión viene alertando a las autoridades públicas sobre el escalonamiento de la violencia contra la población civil, bienes civiles y autoridades étnicas, situación que dejó en el 2021 un total de 193 homicidios, múltiples desplazamientos masivos e individuales y 46 desapariciones forzadas; entre las que se cuenta la desaparición forzada de dos lideres autoridades étnicas ABENCIO CAICEDO CAICEDO y ÉDINSON VALENCIA GARCIA, líderes
legítimos y reconocidos de las dinámicas organizativas del territorio colectivo de la cuenca del río Yurumanguí, y el asesinato de Édison Valenzuela líder del Consejo Comunitario del río Raposo, perteneciente al Proceso de Comunidades Negras – PCN.
Iniciando el año 2022 la situación en materia de derechos humanos es grave y tiende a agudizarse para todo el Distrito, según fuentes de esta Comisión:
– El 23 de noviembre 2021 en la comunidad de Guadual, desembocadura del río Calima, llegan hombres armados pertenecientes a la estructura Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC amedrantando a las comunidades acusándolos de tener relación con el grupo ilegal ELN, con un listado de nombres de personas para asesinarlas. Confinan a las familias y no les permiten la comunicación y el desplazamiento a sus labores cotidianas de campo. Este enfrentamiento generó el desplazamiento de 87 familias de las comunidades de Guadual, Ceibito y la Esperanza.
– EL 10 de enero de 2022 llegan a la comunidad de San Isidro el grupo armado de las AGC y queman bienes civiles individuales y comunitarios, amenazan a las familias y a los jóvenes de la comunidad con disparos. Posteriormente este grupo se instala en el sector de la Colonia, específicamente en la Mojarra, para generar control de la circulación y movilidad de las personas que viajan en las lanchas por el río, acción que ocasionó la muerte de un joven y heridas en otro.
– EL día 15 y el 17 de enero 2022 se presentan enfrentamientos constantes en la comunidad de las Colonias, donde resultan asesinados dos jóvenes, uno de ellos delante de la comunidad y otro en zona de río acusados de auxiliadores del ELN. Además, los grupos armados ilegales en sus incursiones y enfrentamientos han saqueado las casas, robado alimentos, usan los vehículos de la comunidad y generan
patrullajes en todas las veredas y caseríos.
Son más de 2000 personas, que corresponden a un total 722 familias desplazadas forzadamente en menos de 2 meses en la cuenca del río Calima y que se encuentran desprotegidas ubicadas en el casco urbano de Buenaventura, Cali, Buga y Tuluá. Esta es una cruda realidad que evidencia la poca actuación institucional para garantizar la vida y permanencia de las comunidades en sus territorios de manera digna.
Por tal razón, esta Comisión diocesana, la Coordinación Regional del Pacífico y la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico -CIVP, consideramos que el Estado en todas sus esferas debe desplegar todas las medidas posibles y urgentes para prevenir la violencia y proteger a las comunidades de los territorios colectivos del río Calima.
– Exigimos al gobierno local y nacional que de manera concertada fortalezca las medidas de seguridad y protección de todos los ciudadanos en sus territorios, en especial las medidas individuales y colectivas para los líderes y lideresas integrantes de las comunidades y organizaciones territoriales del Consejo Comunitario y autoridades indígenas de la cuenca del río Calima. De manera urgente se solicita la
presencia permanente, perimetral y preventiva de las Fuerza Pública en toda la cuenca del Calima.
– Solicitamos al ministerio público: Personería Distrital, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo a que ejerzan con prontitud su función de proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus posibles violaciones, en especial hacer seguimiento a la poca actuación de las instituciones responsables para dar asistencia humanitaria de emergencia a las víctimas y prevenir y el aumento en los
riesgos a la vida , desintegracion social y cultural de los pueblo etnicos.
– Solicitamos a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de Derechos Humanos, a las embajadas y especialmente a la Oficina de la Alta Comisión Vida, Justicia, Solidaridad y Paz
Diócesis de Buenaventura Valle del Cauca Buenaventura Pacífico
3. Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reforzar sus acciones de verificación y seguimiento a la situación de los derechos humanos en la cuenca de río Calima; para esto se solicita de manera urgente la coordinación de una visita humanitaria al territorio del Bajo Calima y la zona urbana de Buenaventura para evaluar la situación de derechos humanos.
– Al SNARIV que adecue los procedimientos acordes a los enfoques etnicos y territoriales y a la realidad derivada de las nuevas dinámicas que el conflicto armado tiene en Buenaventura y el Pacífico colombaino, para faciliar la vida y dignidad de las victimas.
Como Iglesia Católica rechazamos toda incursión armada en los territorios, insist imos que, por encima de los intereses ideológicos, económico y particulares defendemos la vida como don de Dios. Seguimos insistiendo en una salida negociada al conflicto armado que persiste en los territorios del Pacífico, en especial del Distrito de Buenaventura.
Le pedimos a la comunidad Bonavarense mantenerse en oración, reflexión y solidaridad permanente para seguir construyendo la paz desde los territorios.