Un reciente decreto del Gobierno nacional que transfiere a autoridades indígenas la gestión ambiental y del recurso hídrico en varios territorios del Cauca ha generado una fuerte controversia entre comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas no afiliados a las organizaciones beneficiadas. La medida, que busca fortalecer la autonomía de los pueblos originarios, ha sido criticada por líderes locales que denuncian exclusión y falta de consulta previa.
Según las denuncias, algunas autoridades indígenas estarían imponiendo cobros por el uso de fuentes naturales de agua que tradicionalmente eran de libre acceso para las comunidades del territorio. Esta situación ha encendido las alarmas entre quienes consideran que el decreto concentra el poder ambiental en un solo sector, sin considerar la diversidad social y cultural del departamento. “El agua no puede ser administrada con criterios excluyentes; debe ser un bien común y accesible para todos los habitantes del Cauca”, expresó un vocero campesino.
Desde el Gobierno se defiende la decisión como parte de un proceso de reconocimiento histórico a los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas. Sin embargo, en el terreno, las tensiones van en aumento. Organizaciones sociales piden abrir un diálogo amplio e incluyente que permita garantizar el acceso equitativo al agua y a la gestión ambiental en un departamento caracterizado por su riqueza natural, pero también por su complejidad étnica y social.