La Contraloría General de la República solicitó explicaciones formales a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por un contrato millonario suscrito por la petrolera estatal con la firma estadounidense Covington & Burling, cuyo costo superaría los 5,8 millones de dólares.
La petición del órgano de control se produce en medio del escándalo desatado por la revelación de documentos internos que evidencian la existencia del contrato y que han motivado una revisión profunda al interior de la empresa.
Desde tempranas horas del 29 de mayo, la Junta Directiva ordinaria de Ecopetrol ha permanecido reunida —por más de siete horas consecutivas— evaluando las consecuencias del caso. La información sobre el contrato fue inicialmente revelada por el diario El Tiempo, que accedió a documentos reservados en los que se detalla la firma de un otrosí que autoriza la millonaria contratación.
El objetivo: analizar el impacto reputacional de las investigaciones y señalamientos contra Roa, sobre quien pesa una solicitud de suspensión por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
En respuesta al polémico contrato, la Contraloría General de la República envió un requerimiento formal a Ricardo Roa. La comunicación oficial, firmada por el despacho del Contralor Delegado para el Sector Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, solicita información precisa y detallada sobre varios aspectos contractuales y financieros de la empresa.
“La Contraloría General de la República, a partir de la información publicada en la página web de Ecopetrol S. A., así como en diversos medios de comunicación y fuentes abiertas, ha tenido conocimiento de varios hechos relacionados con procesos contractuales e inversiones de la compañía que involucran recursos públicos”, señala el oficio.
En el documento, la Contraloría solicita puntualmente a Ecopetrol el suministro de:
- Copia del contrato suscrito para desarrollar la investigación independiente sobre riesgos reputacionales.
- Relación de pagos efectuados hasta la fecha, con sus respectivos soportes.
- Estado actual del contrato (vigente, en ejecución, liquidado, etc.).
Además del polémico contrato, la Contraloría también incluyó en su requerimiento solicitudes de información sobre otras decisiones estratégicas y financieras de alto impacto. Entre ellas, el proceso de importación de gas natural, la adquisición del portafolio de proyectos renovables de la empresa Statkraft European Wind and Solar Holding AS, y la compra del proyecto de energía eólica Windpeshi.
Sobre el proceso de importación de gas, el órgano de control exige detalles sobre la justificación técnica y estratégica, los análisis de viabilidad legal y económica, así como las aprobaciones y presupuestos aprobados. Respecto a los dos proyectos energéticos, la Contraloría requiere copias de los acuerdos firmados, la promesa de valor esperada para la empresa, y los avances físicos y financieros obtenidos.
De forma paralela, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación sobre el caso. El director de Cumplimiento de Ecopetrol, Alberto Vergara, es señalado como responsable directo de la firma del otrosí sin aprobación formal, lo que ha motivado una indagación interna para determinar el posible uso indebido de recursos públicos y la eventual extralimitación de funciones en la aprobación del contrato.
La controversia ha generado salidas en la cúpula directiva de Ecopetrol, que ahora debe responder ante los organismos de control por decisiones que involucran montos millonarios y que, según algunos analistas del sector, podrían tener implicaciones legales y reputacionales de gran alcance.
Hasta el momento, ni Ricardo Roa ni la oficina de comunicaciones de Ecopetrol se han pronunciado públicamente sobre el requerimiento de la Contraloría ni sobre el contenido de los contratos en cuestión. La expectativa ahora se centra en las decisiones que pueda adoptar la Junta Directiva de la compañía tras la extensa reunión del miércoles.