– La Contraloría General de la República advirtió sobre la baja ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) que han sido asignados a los grupos étnicos del país. Un reciente informe, elaborado por la Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas y el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal de Regalías, revela que más de $1,5 billones asignados para el bienio 2025-2026 están en riesgo de no ser ejecutados.
Desde la implementación de la Ley 2056 de 2020, el Sistema General de Regalías (SGR) ha asignado recursos a las instancias decisorias de los Pueblos Indígenas, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP), y el Pueblo Rrom, bajo el componente de Asignación para la Inversión Local. No obstante, la ejecución de estos recursos ha sido deficiente.
En el bienio 2021-2022 se asignaron $357.920 millones sin que se ejecutara un solo peso.
En el bienio siguiente, 2023-2024, se destinaron $1 billón, de los cuales solo se ejecutó el 17%. Para el actual bienio 2025-2026, el monto asignado asciende a $1,5 billones, con una ejecución acumulada que apenas alcanza el 10%, lo que pone en riesgo la efectividad de estos recursos como herramienta para el cierre de brechas históricas.
Inequidades en la distribución y ejecución
Las comunidades NARP no han desarrollado ningún proyecto desde 2021, mientras que los Pueblos Indígenas han ejecutado $239.976 millones en 33 proyectos a lo largo de tres bienios.
Por su parte, el Pueblo Rrom ha ejecutado $91.812 millones en 20 proyectos, pese a representar solo el 0,006% de la población nacional. El informe advierte una concentración de contratos en una única empresa sin relación étnica directa, y alerta sobre un proyecto ejecutado en el Chocó, donde no se registra presencia del Pueblo Rrom.
Así mismo, se identifican sesgos geográficos y de capacidad técnica. Los proyectos indígenas se concentran en territorios con menores necesidades básicas insatisfechas y mayores capacidades institucionales, mientras que los del Pueblo Rrom se ubican principalmente en Córdoba y Bogotá.
En cuanto al componente de las Asignaciones Directas, administradas por los entes territoriales, también se evidencian inequidades, estas se concentran en departamentos productores de regalías, excluyendo a muchos territorios étnicos sin explotación de recursos, reflejando brechas en infraestructura, servicios y bienestar.
Diferencias en funcionamiento de instancias decisorias
El SGR indica que cada grupo étnico tiene sus propias instancias de decisión, en donde se aprueba, prioriza y ejecutan los proyectos de la asignación local, otorgándoles acceso directo y autonomía en la toma de decisiones.
Los recursos para el funcionamiento administrativo de las instancias decisorias de los grupos étnicos, también presentan diferencias. Durante el bienio 2023-2024, la instancia indígena ejecutó el 92% de su presupuesto de funcionamiento, evidenciando una gestión más consolidada. En contraste, la correspondiente al Pueblo Rrom apenas alcanzó un 28% de ejecución en el mismo periodo, mientras que las comunidades NARP no ejecutaron recursos.
Para el bienio 2025-2026 se observó un aumento del 84% en la ejecución por parte de las Comunidades NARP en lo que corresponde a su presupuesto administrativo, sin embargo, aún no han aprobado ningún proyecto de inversión, lo que refleja debilidades persistentes en sus capacidades técnicas y de planificación.
Recomendaciones de la Contraloría
El informe concluye con una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de los recursos étnicos del Sistema General de Regalías. Propone revisar los mecanismos de focalización geográfica y poblacional, con el fin de asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los territorios con mayores necesidades.
También plantea la necesidad de fortalecer los procesos de planeación participativa con las comunidades, garantizando su involucramiento real en la definición de prioridades.
Finalmente, enfatiza en que la ejecución de los recursos debe respetar los principios de equidad, eficacia, eficiencia y, de manera fundamental, la autonomía de los pueblos étnicos.
La Contraloría General de la República insiste en que el SGR debe consolidarse como una herramienta efectiva para cerrar brechas, promover la inclusión étnica y garantizar el desarrollo integral de los territorios excluidos.