La Contraloría General de la República emitió una opinión negativa sobre los estados financieros de la vigencia 2024 del Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial, administrado por BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria y sujeto de control de la Contraloría delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico El Fondo Empresarial es un patrimonio autónomo constituido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y en donde el
Superintendente ejerce como ordenador del gasto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 132 de la Ley 812 de 2003, y cuya existencia ha sido reiterada por las leyes 1151 de 2007, 1450 de 2011, 1753 de 2015 y 1955 de 2019.
Este instrumento tiene como propósito principal fortalecer la capacidad de la Superintendencia en el desarrollo de procesos de toma de posesión, tanto en su fase de administración temporal como en liquidación, con el fin de salvaguardar la continuidad y la viabilidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
El Fondo se financia con recursos provenientes de distintas fuentes, entre ellas:
ingresos por la tarifa establecida en la Ley 1955 de 2019, ingresos por multas, excedentes de la Superservicios, de la CRA y la CREG, reintegros y cancelaciones de contratos de mutuo, pignoraciones, rendimientos de recursos de terceros y otros ingresos.
Deficiencias críticas que dan lugar a hallazgos
El informe de auditoría financiera reveló deficiencias críticas en los controles
contables, contractuales y de seguimiento, que derivan en diez (10) hallazgos
administrativos, de los cuales tres (3) presentan presunta incidencia fiscal por
$593.737 millones. Tales hallazgos han sido trasladados para su respectiva
evaluación dentro del procedimiento de responsabilidad fiscal.
De estos hallazgos, el que más se destaca está relacionado con los contratos de
mutuo Nos. 134, 141 y 146 suscritos con Electricaribe S.A. E.S.P., en los cuales
no se aplicaron las disposiciones que establecen los plazos pactados, las
actualizaciones con una tasa igual al IPC del año inmediatamente anterior y los
correspondientes intereses moratoriosUna situación similar se evidenció en los contratos No. 180 y 181, en relación
con el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula tercera, donde se estableció
un plazo máximo de 12 meses para el pago de los recursos derivados de tales
contratos y que, una vez vencido el termino, ELECTRICARIBE quedaría
comprometido con el pago de intereses moratorios sobre el monto del capital en
mora. En consecuencia, se concluye que el Fondo Empresarial no ejecutó los
procedimientos correspondientes ni adoptó medidas para garantizar el recaudo
oportuno, lo que podría haber comprometido la adecuada gestión de los recursos
públicos involucrados.
Como consecuencia de estas deficiencias, la Contraloría General de la
República pone de presente una posible afectación a la capacidad de
recuperación del capital prestado, lo que podría comprometer la sostenibilidad
del Fondo Empresarial como mecanismo de apoyo a empresas de servicios
públicos intervenidas. Además, se identificó un debilitamiento estructural del
control interno, que fue calificado “con deficiencias”, tras evidenciar fallas en
conciliaciones bancarias, ausencia de soportes en pagos, falta de garantías
suficientes para respaldar obligaciones y un aumento del riesgo de impago.
Plan de Mejoramiento
La Contraloría General de la República insta al Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial a presentar un Plan de Mejoramiento con medidas correctivas concretas, orientadas a fortalecer la gestión financiera, operativa y contractual del fondo, asegurando la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.