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El Consejo de Estado decretó oficialmente las pruebas dentro del proceso de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara, David Racero. El caso, que agrupa tres expedientes acumulados, fue solicitado por Yoad Ernesto Pérez y otros ciudadanos.
En ese sentido, el alto tribunal admitió diversas pruebas documentales y testimoniales con el fin de esclarecer presuntas irregularidades en la vinculación y funciones de Jhon Leonardo García Lara, quien fungía como asistente grado II en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista entre noviembre de 2020 y enero de 2021
Entre las pruebas decretadas se encuentran certificaciones laborales, constancias de pago de salarios, registros de llamadas telefónicas entre Racero y su exasistente, así como un informe técnico forense sobre supuestos mensajes de WhatsApp publicados en medios.
Además, se fijó para el próximo 20 de agosto de 2025, a las 9:30 a. m., la audiencia pública del proceso, en donde las partes y la Procuraduría deberán intervenir y exponer sus argumentos.
El congresista Racero no presentó ni solicitó pruebas, al igual que el Ministerio Público. Tras la audiencia, el expediente pasará al despacho del magistrado ponente Fredy Ibarra Martínez para la elaboración del proyecto de decisión.