La Defensoría del Pueblo adelantó una Audiencia Defensorial en el corregimiento Puerto Merizalde, jurisdicción de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, a fin de escuchar a lideresas y líderes de las comunidades étnicas de la cuenca del río Naya. En el espacio manifestaron sus inconformismos por el incumplimiento del Estado con las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace 22 años, al tiempo que reclamaron seguridad.
Es así como en el espacio, el Defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina, les prestó atención y estableció que de manera lamentable hay órdenes que no han sido llevadas a cabo, razón por la que recogió los mensajes de los moradores, con el propósito esencial de transmitírselos a la institucionalidad competente estatal. El objetivo es que efectivamente cumpla con lo establecido por la CIDH.
La visita se dio, además, para verificar lo que las familias indígenas y afrocolombianas de esa zona están viviendo por cuenta de la presencia, tránsito y accionar de las estructuras armadas al margen de la ley, máxime que desde hace algunas semanas se han visto envueltas en situaciones de confinamientos y desplazamientos masivos.
Hace un mes, por ejemplo, sus funcionarios, a partir de un trabajo hecho en el territorio, evidenciaron el desplazamiento masivo de 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre y el confinamiento de otras 65 familias de la comunidad indígena Joaquincito por las acciones deliberadas de integrantes de la Columna Móvil Jaime Martínez, adscrita al Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
La Defensoría, en cumplimiento de las cautelares determinadas por la Comisión, ha venido haciéndole seguimiento acucioso a la situación a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT). Tan es así y dado el complejo panorama de exacerbación del conflicto armado, emitió la Alerta Temprana 039 del 2023 para advertir sobre el aumento del riesgo para el territorio de la cuenca del río Naya, riesgo que se ha venido consumando.
Son 74 comunidades que componen la región del Naya y todas coinciden en exigir hechos concretos e intervención de los entes gubernamentales inmediata en sus territorios, pues viven una situación social bastante difícil, una crisis ambiental, violencia basada en género, ausencia de educación por salida de docentes del territorio, falta de ofertas laborales, como también lentitud en la respuesta de las instituciones.
Los grupos armados ilegales deben abandonar, como llamado perentorio de la Defensoría del Pueblo, todas las acciones que afectan los derechos fundamentales de la población civil, que merece vivir en paz, la misma que viene reclamando desde hace décadas.
En el desarrollo de la Audiencia fue realizada una jornada de ‘Defensoría en tu comunidad’, estrategia que movilizó a distintas entidades del Estado, con la intención de que fueran restablecidos derechos vulnerados de los lugareños de Puerto Merizalde y veredas circundantes.