Versiòn Infobae.
Para miles de familias colombianas, la compra de vivienda propia no es solo una meta financiera: es un proyecto de vida. Años de ahorro, sacrificios y planes giran alrededor de la ilusión de recibir las llaves de un apartamento o una casa.
En palabras sencillas: si el decreto se aprueba tal como está, muchas viviendas que hoy están pensadas para familias de ingresos medios y bajos dejarían de cumplir los requisitos, aun cuando los compradores ya estén comprometidos con el proyecto.
Actualmente, la ley permite que en algunas ciudades grandes, como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, y en zonas de renovación urbana, las viviendas VIS tengan un precio un poco más alto que el tope general, para compensar los mayores costos del suelo y la construcción. El nuevo decreto eliminaría esos topes especiales y dejaría un único límite nacional. El resultado, según Camacol, es que numerosos proyectos quedarían automáticamente por fuera de la categoría VIS.
¿Y eso qué significa para una familia común? Que un apartamento que hoy es VIS podría dejar de serlo mañana. Y con eso, se perderían beneficios clave como los subsidios del Estado, tasas de interés más bajas y facilidades de financiación. En la práctica, muchas familias simplemente no podrían cerrar el negocio.
Las cifras dan una idea de la magnitud del problema. Camacol estima que alrededor de 132.000 viviendas VIS en todo el país se verían afectadas. De ese total, unas 76.000 corresponden a proyectos que hoy se benefician del tope excepcional y otras 56.000 están ubicadas en zonas de renovación urbana.
En conjunto, se trata de una inversión cercana a los 27 billones de pesos y de miles de hogares que quedarían en un limbo.
El impacto no sería igual en todas partes. Más de la mitad de las viviendas que hoy superan el tope general están en Bogotá, pero también hay efectos importantes en áreas metropolitanas como Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla, así como en municipios cercanos a la capital, donde muchas familias buscan opciones más asequibles.
El golpe no sería solo para las constructoras
A esto se suma un contexto económico poco favorable. El sector de la construcción lleva más de dos años en recesión, con menos proyectos nuevos y una caída en el empleo. Para Camacol, cambiar las reglas en medio de ese panorama genera incertidumbre y frena decisiones clave, tanto de los constructores como de los compradores.
“Muchas familias separaron su vivienda con unas condiciones claras y ahora podrían encontrarse con que el precio ya no cumple los requisitos VIS”, advierte el gremio. En términos simples, alguien que ya está pagando cuotas iniciales podría descubrir que ya no aplica a los apoyos que tenía previstos, sin que sus ingresos hayan cambiado.
Desde Camacol insisten en que no se oponen a proteger al consumidor ni a mejorar la regulación, pero piden reglas claras y estabilidad. Para el gremio, el riesgo no es solo económico, sino social: menos vivienda VIS significa menos oportunidades de acceso a casa propia para quienes más lo necesitan.
Mientras el Gobierno analiza los comentarios al proyecto de decreto, miles de familias siguen pendientes. Para ellas, el debate no es jurídico ni técnico: es la diferencia entre mudarse a su casa soñada o seguir esperando, quizá por años, a que ese sueño vuelva a estar al alcance.