Las selvas y los ríos del departamento de Guainía se han convertido desde hace algunos años en yacimientos de un negocio ilegal conocido por pocos, pero que está dejando ganancias ilegales más altas que el oro.
Se trata del coltán, un mineral utilizado en el sector tecnológico, compuesto por dos elementos químicos, la columbita y la tantalita, cuyas propiedades lo hacen útil para la producción de computadores, smartphones, satélites, televisores, aviones y hasta armas.
En nuestro país, donde no se han entregado títulos mineros para extraerlo, ha sido hallado en la cuenca media y alta del río Inírida, ubicado en el Guainía, en los Llanos Orientales.
De acuerdo con las investigaciones que ha adelantado la Policía de Carabineros sobre este negocio ilegal, estas organizaciones son lideradas por personas con alta capacidad de inversión y que se desenvuelven bien en el comercio internacional del mineral.
Así, dos de esas bandas que han sido desarticuladas y una que está siendo objeto de investigación, tienen un modus operandi similar: según las autoridades, envían a algunos de sus miembros a negociar con integrantes de las comunidades indígenas de zonas aledañas a los ríos en donde se suele encontrar el mineral y les ofrecen $22.000 por cada kilo que extraigan.
Posteriormente lo exportan, con permisos legales, haciéndolo pasar por gravilla y, cuando el material llega a China, país que manufactura buena parte de los componentes de los computadores y los equipos electrónicos de todo el mundo, pueden llegar a vender el kilo a entre $ 200.000 y $ 500.000.
“Es incluso más rentable que el oro. Porque el gramo (de oro) en una zona de explotación ilegal puede valer $280.000, y se vende en $ 380.000, mientras que, con un kilo de coltán, se ganan entre 200 % y 300 %. Y eso teniendo en cuenta también que el oro es más complejo de extraer, porque se utiliza mercurio”, explicó un investigador.
Una vez el coltán es sacado del río a través de la modalidad de aluvión o de raspado de barrancos, es cargado en embarcaciones con destino a varios puertos en el departamento de Vichada.
Allí, otros integrantes de las organizaciones dedicadas a ese ilícito cargan camiones de 10 a 16 toneladas con destino al Meta, específicamente a la ciudad de Villavicencio, donde este material es escondido por unos días para no despertar las sospechas de las autoridades.
Para obtener estos permisos, los delincuentes se pueden valer del desconocimiento del funcionario o, algunas veces, presuntamente de su complicidad.
En algunos de los casos en los que ya ha habido judicialización de miembros de estas bandas, han sido detenidos igualmente funcionarios de la Agencia Nacional de Minería.
Con esos permisos, los camiones salen nuevamente con destino a los puertos de Buenaventura y Cartagena, donde finalmente envían la carga a China, sin la preocupación de ser detenidos.
“Hacen esa falsificación de documentos por si de pronto en la ruta alguna autoridad los detiene, entonces le dicen que es gravilla y, como no todo el mundo conoce del tema, los deja pasar. Lo mismo ocurre en la ventanilla de Comercio Exterior de los puertos, donde la mercancía se legaliza y sale del país de forma legal”, agregó el investigador.
El cálculo de las autoridades es que se están enviando hasta 80 toneladas cada tres meses, es decir, unas 320 al año.