En el marco de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD), la Unidad de Restitución de Tierras (URT) expone ante la comunidad internacional los avances estructurales de la política de restitución de tierras en Colombia, consolidada hoy como uno de los pilares de la Reforma Agraria y de la justicia social en el campo.
De acuerdo con el balance institucional con corte al 31 de diciembre de 2025, la URT ha recibido 172.758 solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). De ese total, 48.035 solicitudes han sido inscritas, y más del 90 % ya cuenta con demanda presentada ante jueces y magistrados especializados.
Hasta la fecha, la justicia ha emitido 11.065 sentencias, las cuales han beneficiado a 132.494 personas y 37.901 familias, consolidando un proceso judicial que no solo devuelve la tierra, sino que también busca reparar los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado.
Un cambio de tendencia histórico
Durante el actual periodo de gobierno, la URT ha adoptado 19.117 decisiones de fondo, logrando revertir una tendencia histórica de decisiones negativas en los procesos de restitución. Actualmente, el 72 % de las decisiones corresponde a inscripciones, mientras que el 28 % son negativas, lo que marca un punto de inflexión en el acceso a la política pública.
En el marco del Plan Estratégico Institucional 2023–2026, la entidad incorporó el enfoque de Restitución Integral Territorial, que introduce una mirada colectiva y étnico-territorial en los procesos.
Como resultado de este enfoque, en el actual periodo se han inscrito 392 territorios étnicos, se ha alcanzado el 60 % de los informes de caracterización y se ha tramitado el 61 % de las demandas étnicas presentadas durante la vigencia de los Decretos Ley relacionados con restitución.
Además, la creación de cinco despachos judiciales especializados en asuntos étnicos permitió que el 57 % de las sentencias en esta materia se haya proferido durante este gobierno, fortaleciendo el acceso a la justicia para comunidades indígenas y afrodescendientes.
Más de 372.000 hectáreas restituidas
En este mismo periodo, jueces de restitución han emitido 3.490 sentencias que han permitido devolver 372.576 hectáreas, beneficiando a más de 37.000 personas y 12.044 familias.
Estas cifras, según la URT, representan no solo tierra restituida, sino también dignidad restablecida y nuevas condiciones para reconstruir el tejido social en zonas rurales afectadas por el conflicto armado.
La implementación de la ruta colectiva de restitución ha permitido avanzar en 39 casos de sujetos colectivos, lo que impacta positivamente miles de solicitudes de familias campesinas.
De igual forma, la reapertura de la Dirección Territorial Chocó, la Oficina de Atención en Tumaco (Nariño) y la instalación de puntos provisionales en Catatumbo han ampliado la presencia institucional del Estado en territorios históricamente golpeados por la violencia.
Eliminación de barreras y nuevas garantías
La URT también destacó avances normativos que han permitido ampliar el acceso a la restitución. Entre ellos se encuentra el Decreto 1623 de 2023, que eliminó barreras de acceso al derecho a la restitución al permitir la inscripción de predios con limitaciones ambientales y habilitar procesos en zonas no microfocalizadas, incorporando criterios de enfoque diferencial e interseccional.
Asimismo, la reglamentación derivada de la Ley 2421 de 2024 convirtió a la URT en la primera entidad en reglamentar esta reforma, garantizando el derecho a la compensación económica para víctimas que se encuentran en el exterior.
A estos avances se suma el impulso al Decreto 797 de 2025 y la participación institucional en el CONPES 4081 de 2025, orientado a la construcción de soluciones duraderas para víctimas de desplazamiento forzado.
La restitución como motor de la Reforma Agraria
Durante la ICARRD, la URT presentará estos resultados a través de conversatorios y mesas de trabajo en los que se analizará la restitución como una herramienta concreta de redistribución de la tierra, formalización de la propiedad y justicia transicional con impacto rural.
La experiencia colombiana, destaca la entidad, demuestra que la restitución no es únicamente un mecanismo judicial. Se trata de una política pública integral que articula reparación a las víctimas, ordenamiento social de la propiedad y transformación territorial.
Con estos resultados, Colombia presenta ante la comunidad internacional una política que fortalece a las comunidades rurales y contribuye a cerrar brechas históricas en el campo, avanzando hacia una Reforma Agraria con enfoque de derechos y hacia la construcción de una paz duradera.
“Con dignidad, estamos cumpliendo”, concluye la entidad.