Una serie de preocupaciones quedaron expuestas sobre el tratamiento que la administración municipal de Popayán le está dando a las cocineras y cocineros tradicionales, que son símbolo de identidad cultural.
El tema fue tratado durante un debate de control político que el Concejo le planteó a la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio y a la Oficina Asesora Jurídica.
¿Qué está haciendo Popayán para proteger a sus cocineras tradicionales y garantizar que los recursos destinados a esta población cumplan realmente su propósito? Este fue uno de los principales interrogantes que marcó el debate a la administración municipal.
De acuerdo con la información que divulga el Concejo a través de su servicio de prensa, el presidente de la corporación y proponente del debate, Daniel Muñoz, puso en evidencia varias situaciones que generan preocupación sobre la implementación de esta política pública.
Entre ellas, destacó que la propia respuesta de la Administración reconoce que durante la vigencia 2024 y el primer trimestre de 2025 no se contó con un plan de acción para su desarrollo. También cuestionó que la conformación de la Mesa Local de Cocinas Tradicionales apenas se encontrara en fase inicial de convocatoria, pese a ser un mecanismo contemplado en el acuerdo municipal.
«No puede ser una disculpa que se esté actualizando la política pública para dejar de cumplir un acuerdo municipal. El acuerdo está vigente y es de obligatorio cumplimiento», enfatizó Muñoz, al señalar que los procesos de actualización no pueden convertirse en una justificación para aplazar las obligaciones institucionales. Otro de los puntos centrales del debate fue la destinación de los 160 salarios mínimos establecidos en el Acuerdo 013 de 2014.
El concejal insistió en que estos recursos tienen un propósito específico y deben traducirse en beneficios concretos para las mujeres que conservan y transmiten los saberes culinarios tradicionales de la ciudad.
Para el Concejo, la salvaguarda de las cocineras tradicionales requiere continuidad, participación, inversión y seguimiento, de manera que las mujeres portadoras de estos conocimientos no solo sean reconocidas por su aporte cultural, sino que encuentren en la política pública oportunidades reales de fortalecimiento y bienestar.