El departamento del Cauca atraviesa una nueva y crítica fase del conflicto armado, tras varias semanas de hostigamientos, ataques y hechos violentos que mantienen a la población en estado de zozobra. En las últimas horas, las disidencias de las Farc arremetieron nuevamente contra las estaciones de policía en Jambaló, Corinto, Silvia, Padilla, Suárez y Cajibío, utilizando explosivos y drones para golpear la presencia institucional. Los ataques dejaron una mujer muerta, varios heridos —entre ellos un menor de edad— y daños materiales de gran magnitud, evidenciando la capacidad de estos grupos para coordinar acciones simultáneas y de alto impacto.
A la delicada situación se suma una ola de secuestros que agrava el panorama: cuatro casos recientes elevan a seis el número de personas retenidas en menos de dos semanas, sin que haya avances claros en su liberación. Organizaciones sociales, autoridades locales y habitantes coinciden en que el Estado colombiano no ha logrado ejercer control ni ofrecer garantías de seguridad, lo que ha permitido la expansión de los grupos armados y la consolidación de un escenario de guerra prolongada. Entre el miedo, la incertidumbre y el cansancio, las comunidades reclaman una intervención urgente, integral y efectiva para detener la violencia que no da tregua.