El panorama de violencia que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ+ arrojó un preocupante balance, especialmente, en los temas relacionados con homicidios.
Según lo evidenciado por la organización, lo más grave de esto es que se ha profundizado una narrativa institucional y social que justifica la violencia contra las personas de orientación sexual diversa.
En el informe se detalla quela escalada de violencia contra la población LGBTIQ+ se ha venido dando entre 2020 y 2024.
En este periodo, se registró en promedio un asesinato de una persona de orientación sexual diversa cada dos días y al menos cada 1,8 días una persona fue amenazada por esa condición.
“Estas violencias han ocurrido en un contexto de aumento sostenido de los discursos de odio hacia personas LGBTIQ+ en Colombia”, reza uno de los párrafos del comunicado.
Asimismo, la organización indicó que dicha tendencia se enmarca “en un proceso más amplio de reorganización de los sectores antiderechos a nivel internacional, con importantes consecuencias institucionales, mediáticas y sociales, y con efectos concretos sobre las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+, particularmente en contextos atravesados por violencias estructurales”.
Más allá de aumento en el número de homicidios, creció en un 67 % el número de casos de violencia sexual.
Al menos 28 personas fueron amenazadas cada semana por su orientación sexual; 226 defensores de los derechos de esta población fueron intimidados y 649 personas fueron víctimas de hostigamiento y discriminación.
Para erradicar estos hechos de violencia, el informe mencionó la necesidad de que las entidades diseñen e implementen protocolos específicos para la atención de personas LGBTIQ+ “en espacios institucionales, reconociendo los factores particulares de violencia y discriminación que enfrentan”.
También se enunció la necesidad de que se fortalezcan las rutas de acceso a la justicia para las personas de esta comunidad que sean víctimas de amenazas, mediante la creación de protocolos especializados que garanticen denuncias ágiles, investigación eficaz y judicialización oportuna, con equipos interdisciplinarios (jurídicos, psicosociales y de diversidad sexual) en fiscalías y comisarías.
Al igual que fortalecer las rutas interinstitucionales que articulan a la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales para la atención rápida y eficaz de las amenazas contra defensoras y defensores LGBTIQ+, garantizando acompañamiento jurídico y psicosocial.