Versiòn Infobae.
La Fiscalía General de la Nación expuso el 20 de mayo de 2026 detalles sobre la presunta vinculación de María Fernanda Delgado, propietaria del centro de estética ilegal Beauty Laser, en el pago de $800.000 a los ciudadanos venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado.
Al reconstruir el recorrido, la Fiscalía sostuvo que los involucrados, “una vez en territorio colombiano, se dirigieron al municipio de Los Patios, Norte de Santander, específicamente a una dirección enviada por la mencionada ciudadana, es decir, por María Fernanda Delgado Hernández, a través de mensajes de WhatsApp y de material audiovisual”, según lo manifestado ante el tribunal.
Según el relato de la fiscal delegada, ambos hombres “al llegar a dicho inmueble intentan ingresar tocando la puerta sin obtener ninguna respuesta, momento en el cual el señor Sequeira, es decir, Kelvis Daniel Sequeira Delgado, activa el control remoto del vehículo logrando identificarlo”.
La Fiscalía refirió que en ese “momento, gracias a las pesquisas que realizó la Sijín por órdenes de policía judicial emanadas no solamente dentro de esta carpeta, sino dentro del mecanismo de búsqueda urgente, se interceptaron y se condujeron posteriormente a la Sijín”.
Sobre el pago recibido, consta en audiencia que “el señor Jesús Alberto Hernández establece que recibió aproximadamente la suma de $800.000 entregados a través de un familiar, los cuales, según le indicaron, correspondía a gastos de transporte, alimentación y hospedaje para realizar la diligencia encomendada, cual fue la de retirar ese vehículo de esa residencia en la cual estaba parqueado y posteriormente llevarlo de acuerdo a las indicaciones entregadas por la señora María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del establecimiento Beauty Laser”.
El fiscal solicitó al final de la audiencia la legalización de la captura de ambos hombres ante el juez.
La investigación apunta a una suma de delitos graves, según explicó el abogado Francisco Bernate al medio Minuto 60.
El abogado Francisco Bernate expone los delitos y las penas que enfrentarían las tres personas identificadas en Venezuela, presuntamente responsables de la desaparición y posterior fallecimiento de Yulixa Toloza – crédito Minuto 60/X
Bernate detalló que la operación del establecimiento constituye una violación de medidas sanitarias, ya que, en sus palabras, “no puede funcionar y menos realizando procedimientos quirúrgicos sobre seres humanos”. La clandestinidad en la que operaba la clínica es un elemento clave para la tipificación penal y agrava la situación legal de los implicados.
El caso de la desaparición y muerte de Yulixa Toloza ha puesto en evidencia los riesgos de someterse a procedimientos médicos en lugares no autorizados, donde la ausencia de controles estatales puede derivar en tragedias. Tras la muerte de la joven, los implicados ocultaron su cuerpo, hecho que agrava las consecuencias jurídicas para los responsables.
El análisis legal de Bernate identifica tres delitos principales: violación de medidas sanitarias, homicidio doloso agravado y desaparición forzada. Sobre este último, el abogado puntualizó: “Nuestro país estuvo varios días pendientes de conocer el paradero de esta persona o de su cuerpo”, lo que configura la desaparición ante la ley colombiana.
En cuanto al homicidio, Bernate sostuvo que “los niveles de temeridad en los que funcionaba este lugar dejan prever que la muerte era un evento perfectamente posible y aun así siguieron operando”. La combinación de estas figuras podría llevar a penas de entre 50 y 60 años de prisión efectiva para quienes sean hallados culpables.
La desaparición y muerte de Yulixa Toloza tras una cirugía estética clandestina en Beauty Laser ha sido calificada por expertos como un caso que involucra múltiples delitos bajo la legislación colombiana. Los hechos incluyen la operación ilegal de un centro médico, la muerte de la paciente durante el procedimiento y el ocultamiento posterior del cuerpo, lo que complica aún más el panorama judicial para los responsables.