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Campesinos no están de acuerdo con la promulgación del decreto que crea ATEA-Autoridades territoriales económico ambiental.

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, rechazó la posibilidad de promulgar un decreto por parte del gobierno nacional creando la ATEA-Autoridades territoriales económico ambiental y que beneficiaría estrictamente a las comunidades indígenas que hacen parte del consejo regional indigena del Cauca, CRIC.

La ANUC Nacional, emitió un amplio comunicado llamando a la movilización contra esa decisión que se ha estado  exigiendo por los indígenas durante la minga en la ciudad de Bogotá.

Este documento de la ANUC va firmado por el presidnete, Nilson Antonio Liz Marín. Ese comunicado expresa:

«Las comunidades campesinas que hacen parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC rechazamos la forma unilateral y sectorizada como el gobierno nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, pretenden aprobar e imponer un decreto denominado “ATEA” (Autoridades Territoriales Económico Ambiental).
De acuerdo a los documentos de trabajo se trata de fortalecer la autonomía territorial de las poblaciones ancestrales, lo que nos parece importante y justo, pero por la experiencia adquirida por los campesinos y otros sectores sociales que convivimos con comunidades indígenas en diferentes regiones del territorio colombiano, especialmente en el Cauca, la aprobación de ese decreto va a agudizar los conflictos interétnicos y culturales que se han presentado desde 1991.
Las causas que han generado múltiples conflictos por la posesión y tenencia de la tierra, o por la orientación y el manejo de las instituciones educativas y de la salud, no tienen que ver con el concepto de autonomía que defienden los pueblos indígenas, sino con la interpretación y práctica sesgada y sectaria que impuso un sector de la dirigencia indígena dentro del movimiento social del Cauca a partir de 1991.
Es importante recordar que el CRIC nació al interior de la ANUC en 1971, y que sus fundadores concebian a sus comuneros como parte de la Nación, se consideraban
campesinos y, a la vez, defendían su identidad indígena, ancestral y originaria. “Somos colombianos, somos campesinos y somos indígenas” se decía en sus primeros
comunicados y cartillas.
Sin embargo, tal situación cambió a partir de 1991. Ese cambió no se presentó porque la Constitución haya declarado a la nación como multiétnica y pluricultural, o porque se hayan creado las Entidades Territoriales Indígenas, sino porque la dirigencia indígena que se impuso dentro del movimiento indígena caucano ha utilizado el tema de la “autonomía” para resolver problemas que se viven al interior de los resguardos por la injusta e inequitativa distribución de la tierra, el manejo del agua y la administración de las transferencias a los resguardos y municipios.
Es así como al negarse a hacer una “reforma agraria” al interior de los resguardos, la orientación que se impuso fue la de continuar expandiendo sus resguardos, “recuperando territorios” sin importar si esos predios estaban en manos de campesinos pobres y medios, o incluso, se han presentado conflictos entre pueblos indígenas (nasas y misak).
Dicha orientación se apoya en la concepción de que por ser pueblos ancestrales y originarios son dueños de todos los territorios de la “Abya Yala” (América).

Como campesinos y parte de la sociedad colombiana estamos convencidos que el gobierno que lidera el presidente Gustavo Petro no puede darle continuidad a la política que desarrollaron anteriores gobiernos, de tratar a los pueblos indígenas como “menores de edad” o “población vulnerable”, otorgándoles pusilánimemente supuestos derechos que afectan al resto de la población.
Dicha política ha terminado siendo utilizada por una “élite indígena” y convertida en una especie dechantaje, que finalmente se materializa en una serie de ventajas frente al resto de la población colombiana que paga impuestos y contribuye de diversas formas con la creación de la riqueza nacional, mientras que las comunidades indígenas exigen derechos y garantías sin corresponder con deberes y compromisos conjuntos.
Por ello, exigimos al Gobierno Nacional la no aprobación de ese decreto parcializado y sectorial y se inicie de inmediato la construcción de un verdadero Pacto Interétnico y Pluricultural, integrando no solo a la población rural sino a todos los sectores sociales de nuestro país.
El gobierno progresista no puede continuar por un camino que ha conducido a la división y enfrentamiento entre los diversos sectores que componen a la Nación. Por encima de las identidades particulares está la Unidad de los pueblos y de la nación Colombiana.
La ANUC hace un llamado a todo el campesinado Colombiano a movilizarse para exigir los derechos y sobretodo convocando a la cordura del Gobierno Nacional para tener en cuenta los derechos de unos y el derecho de otros.
La ANUC se encuentra en asamblea permanente esperando respuestas claras y serias frente a los compromisos pactados con nuestros asociados.

RECHAZAMOS el
incumplimiento permanente de las instituciones y le reiteramos al Gobierno Nacional que el campesinado saldrá nuevamente a las vías principales, a las calles, toma de instituciones, exigiendo el incumplimiento de los compromisos pactados en distintas actas de negociación y exigiendo el cumplimento de El Plan de Reparación Colectiva».

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