Versiòn diario El Espectador.
Con este decreto, fechado el pasado 8 de septiembre, el Gobierno formaliza la puesta en marcha del mandato ATEA (Autoridad Territorial Económica Ambiental) del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una figura que trasciende el ámbito cultural y espiritual para otorgarles a los pueblos indígenas competencias económicas, ambientales y administrativas dentro de sus territorios.
Para las comunidades se trata de un paso histórico hacia el buen vivir y la autodeterminación, y para el Gobierno, un acto de justicia con las organizaciones que durante décadas han esperado ese poder de decisión sobre sus territorios.
Un marco de autonomía y poder económico
El documento despliega un complejo entramado institucional que reconoce que los territorios indígenas de Cauca no solo son entidades culturales, sino también unidades económicas y ambientales autónomas, capaces de diseñar sus propias políticas de desarrollo en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
La base jurídica se ancla en la Constitución y en los tratados internacionales sobre pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT y los pactos de derechos económicos y culturales. Además, retoma la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana, que han reconocido la propiedad colectiva, el derecho al autogobierno y la relación espiritual con el territorio como pilares de los pueblos originarios.
Sobre esa base, el decreto organiza el Sistema Económico Propio, que funcionará bajo principios de reciprocidad, solidaridad y soberanía alimentaria.
Los pueblos del CRIC podrán impulsar cadenas productivas, transformar y comercializar sus bienes y servicios con apoyo técnico, jurídico y financiero del Estado. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que publicó el decreto, asume un papel central: deberá garantizar capacitaciones, fomentar emprendimientos y promover mecanismos de financiamiento con enfoque diferencial.
El decreto autoriza la creación de parques industriales en territorios indígenas, concebidos como espacios de desarrollo agroindustrial, comercial y de servicios, orientados a fortalecer la economía local sin romper la relación espiritual con la tierra.
Estos parques, dice la norma, buscan “impulsar la producción, la industrialización, la innovación y el empleo”, pero siempre “respetando las cosmovisiones y los sistemas de conocimiento indígena”.
Junto a ello, el decreto ordena la creación de un Centro de Innovación y Productividad del CRIC, que será reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Su misión será articular el conocimiento ancestral con la investigación científica, generar valor agregado a los productos indígenas y fortalecer la competitividad de la economía propia.
En seis meses, el Minciencias deberá ajustar su normativa para incorporar este enfoque diferencial. Con ello, el CRIC se convierte en el primer actor étnico con reconocimiento formal dentro del sistema nacional de innovación, un paso inédito en la historia institucional del país.
Asimismo, se establece una exención total del pago por uso del espectro radioeléctrico a favor de las comunidades del CRIC. Eso significa que sus radios comunitarias y canales locales con fines sociales o educativos no tendrán que pagar contraprestaciones al Estado, un reconocimiento que los ubica como operadores legítimos de comunicación comunitaria.
“La exención de que trata el presente artículo aplica a los permisos de uso del espectro radioeléctrico para prestar servicios de telecomunicaciones fijas y móviles con fines de socorro y seguridad, fortalecimiento de los planes de vida, internet comunitario, televisión étnica local y radiodifusión de vida de interés público y comunitario étnico”, dice el texto.
El documento también refuerza la función de las Autoridades Territoriales Económicas Ambientales (ATEA), a las que les reconoce potestades de vigilancia y control sobre el uso de los recursos naturales, el agua y la biodiversidad. En el papel, se trata de consolidar un modelo de gestión ambiental indígena paralelo a las corporaciones autónomas regionales, pero coordinado con ellas.
Para el CRIC, esto simboliza un acto de reparación histórica porque les da la posibilidad de decidir sobre sus bosques, sus ríos y sus fuentes de vida sin intermediación externa. Para sus críticos, abre un terreno de incertidumbre institucional y posibles choques de competencias.
En el texto se ordena que los recursos destinados al fortalecimiento del sistema económico indígena sean identificados de manera focalizada en el presupuesto nacional.
Los ministerios y entidades del Gobierno deberán registrar las asignaciones en el trazador presupuestal étnico, una herramienta que permitirá seguir el flujo de recursos destinados a pueblos indígenas.
El nuevo mapa del poder territorial y las críticas de las CAR
La firma del decreto no puede entenderse solo como una medida de política pública. Una movilización indígena en agosto de 2024, que trajo a cerca de 4.000 representantes de los pueblos originarios a Bogotá, tenía como una de sus exigencias la firma del decreto ATEA.
Este instrumento, explicó el CRIC en su momento, le permitirá solucionar problemáticas de su región, especialmente los que tienen que ver con los territorios, pues fortalece la gobernabilidad y la jurisdicción especial de los pueblos indígenas ante terceros.
El mismo presidente Petro se pronunció entonces sobre este tema en su cuenta de X, y señaló que se trataba de un “paso adelante en la concertación social” y que el siguiente paso es “lograr el gran pacto interétnico que permita un verdadero poder popular en el departamento y la paz”.
El CRIC, una de las organizaciones más poderosas del país, pero también de las más afectadas por el conflicto. El movimiento indígena fue decisivo en la elección de Petro en 2022, pero en los últimos meses su relación con el Ejecutivo se había enfriado. Los líderes indígenas reclamaban avances reales en tierras, programas productivos y reconocimiento de la autoridad propia.
El decreto fue, entonces, una concesión política y simbólica. En medio de la crisis de la paz total, la fragmentación del movimiento campesino y las tensiones con el Congreso, Petro necesitaba recomponer su vínculo con los pueblos indígenas, uno de los pocos sectores sociales que aún lo respaldaban con firmeza.
Desde que se conoció el borrador del decreto, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), agrupadas en ASOCARS, manifestaron su preocupación, advirtiendo que la norma podría desencadenar conflictos de competencia, vacíos jurídicos y desajustes institucionales en la gestión ambiental del país.
Organizaciones campesinas advierten que la nueva autoridad ambiental podría generar disputas por el control del agua y los recursos naturales, e incluso superposición de jurisdicciones. Algunos líderes aseguran que ya se han producido cobros por captación de agua a familias campesinas en zonas de influencia del CRIC.
Juristas y expertos en derecho ambiental, por su parte, cuestionan la ambigüedad jurídica del decreto: no define con precisión cómo se coordinarán las funciones de la ATEA con las de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) ni con los gobiernos locales. La Corte Constitucional ya declaró inexequibles algunas expresiones del Decreto 1094, lo que sugiere que la reglamentación podría enfrentarse a nuevos retos de constitucionalidad.
También hay críticas por la focalización exclusiva en el CRIC, dejando por fuera a otras organizaciones indígenas, afrodescendientes o campesinas del suroccidente que reclaman igualdad de trato y reconocimiento.
Con el Decreto 0971, el gobierno Petro no solo responde a una deuda histórica: redibuja el mapa del poder en Cauca.
Por primera vez una organización indígena asume un rol económico y ambiental equiparable al de las instituciones nacionales. El desafío será mantener el equilibrio entre la autonomía prometida y la gobernabilidad necesaria, en un país donde los territorios son también escenarios de disputa política, ambiental y simbólica.