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Antigua y Barbuda defiende su programa de ciudadanía ante posible veto migratorio de EEUU

El Gobierno de Antigua y Barbuda defendió este martes su Programa de Ciudadanía por Inversión (CBI, en inglés) ante las informaciones de que Estados Unidos está considerando ampliar el veto migratorio a otros 36 países, incluyendo cuatro del Caribe.

Antigua y Barbuda, Dominica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía aparecen en un memorando del Departamento de Estado, firmado por el secretario Marco Rubio, al que tuvo acceso hace unos días el diario The Washington Post.

Los cuatro países caribeños mencionados en el memorando, que expresa su preocupación por el hecho de otorgar ciudadanía sin requisito de residencia, han defendido previamente sus programas CBI como herramientas legítimas para el desarrollo económico.

La posición de Antigua y Barbuda

El ministro de Asuntos Exteriores de Antigua, Chet Greene, afirmó que luchará con todas sus fuerzas para defender el programa CBI, que -subrayó- aporta muchos beneficios a Antigua y Barbuda y se gestiona con integridad.

«Quieren imponernos restricciones de viaje; solo Dios sabe por qué. No nos dejaremos intimidar; nuestra política exterior se basa en principios», declaró Greene.

Bajo el programa CBI, los inversores extranjeros obtienen la ciudadanía a cambio de realizar una inversión sustancial en el desarrollo socioeconómico de estos países.

Por su parte, Charmaine Donovan, director ejecutivo de la Unidad de Ciudadanía por Inversión, afirmó que Antigua y Barbuda no ha sido notificado formalmente por el Gobierno estadounidense sobre ningún cambio propuesto en los requisitos de visado.

De igual forma, el primer ministro de Santa Lucía, Phillip J. Pierre, indicó que su país «no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre este asunto» por parte de Washington.

Pierre adelantó en un mensaje en su cuenta de Facebook que están en «conversaciones activas» con la Embajada de EE.UU. en el vecino Barbados y con la Embajada de Santa Lucía en Washington, D.C.

La demanda de EE.UU.

Por ahora, no ha habido declaraciones oficiales de los Gobiernos de San Cristóbal y Nieves y Dominica con respecto al informe de The Washington Post.

El documento demanda a esos países a través de sus embajadas que muestren un plan de acción inicial para alcanzar ciertos requisitos si no quieren ver limitada la entrada de sus ciudadanos a EE.UU.

También da un plazo de 60 días para que se alcancen esos requisitos, según el memorando, que indica que estos países adolecen de falta de «un gobierno central competente o cooperativo que produzca documentos de identidad confiables y otros documentos civiles».

Asimismo, señala que dichos países tienen un gran número de ciudadanos que sobrepasan la fecha de vencimiento de sus visados a EE.UU. o tienen ciudadanos que realizan «actividades antiamericanas o antisemitas».

La nueva lista incluye, además de las mencionadas islas del Caribe, a más de una veintena de países africanos, entre ellos Egipto, Angola o Nigeria, países asiáticos como Camboya.

Estos países se sumarían al anuncio del 4 de junio, por el que EE.UU. negó la entrada y concesión de visados a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen.

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