Versiòn Infobae.
Luego del anuncio del aumento del 23,7 % del salario mínimo legal vigente en Colombia para 2026, se siguen conociendo las reacciones por parte de dirigentes políticos y líderes gremiales por cuenta de la alocución presidencial en la que Gustavo Petro confirmó el incremento la noche del lunes 29 de diciembre de 2025.
“¿No lo creen? vean lo que Chávez y Maduro hicieron con Venezuela», agregó en el mismo mensaje Cabal, que incluso compartió muy temprano ese mismo día un video en el que recordó en vida al líder del régimen venezolano Hugo Chávez.
“Chávez anunciaba aumentos de salario mínimo mientras destruía la economía. Petro va por el mismo camino, populismo disfrazado de justicia social que solo genera inflación, desempleo y pobreza”, acompañó el mensaje de la congresista la grabación.
Al final ella sentenció que Petro es “un economista que no entendió cómo se maneja la economía”.
Expresidente Uribe le dio la razón a María Fernanda Cabal por su video en el que recordó a Hugo Chávez
Incluido el anterior mensaje, en total fueron tres las publicaciones que dejó el exmandatario antioqueño en su cuenta de X la mañana del martes 30 de diciembre.
En otro de los mensajes dijo: “Hay ladrones impunes que no han creado un empleo pero en el poder lo destruyen”.
Sin embargo, el último mensaje dejó como reacción del expresidente Uribe su comentario al video que compartió la misma mañana María Fernanda Cabal, y que desde la oposición cuestionó el anuncio al trazar un paralelismo con la gestión del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
En su cuenta oficial de X, la congresista dejó además de su mensaje un video donde Chávez decretaba un incremento del 30% en el salario básico venezolano, utilizado por Cabal para advertir sobre riesgos económicos similares para Colombia.
Frente al video, Uribe señaló: “Con la tesis de la economía científica se confirma que Petro fue el profesor de Chávez. Voy a preguntar a los economistas del empleo para decir algo mañana”.
Según sectores opositores, el aumento salarial podría provocar presiones inflacionarias y afectar la competitividad, al elevar los costos empresariales.
No obstante, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la decisión señalando que garantiza mejores condiciones para los trabajadores y representa “un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias”.
El debate sobre el salario mínimo en Colombia se intensifica mientras el gobierno sostiene que la tasa de desempleo y la pobreza están en sus niveles más bajos en lo que va del siglo.
El presidente Petro anticipó una reducción adicional de estos indicadores en 2026, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad de la política salarial entre analistas y sectores empresariales.
Más reacciones: qué dijo la Andi frente al aumento del salario mínimo en Colombia para 2026
Otro de los precandidatos presidenciales que dejó ver su preocupación ante el aumento del salario mínimo fue Juan Carlos Pinzón.
Para el exembajador de Colombia en Washington y exministro de Defensa “el aumento del salario mínimo en 23% puede sonar bien, pero en la realidad pone en riesgo el empleo formal de millones de colombianos”.
En el mismo mensaje que dejó en su cuenta de X Pinzón la misma noche del lunes 29 de diciembre, precisó que “con una informalidad que ya supera el 55%, esta decisión puede empujar a más personas a la precariedad”.
Al final, el precandidato presidencial por Verde Oxígeno reveló que “Colombia necesita más empleo formal, no más improvisación”.
A su vez, en un comunicado emitido ese mismo día por parte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que “como consecuencia de una decisión adoptada de manera unilateral por el Gobierno Nacional en el día de hoy, se generan riesgos significativos para los hogares colombianos y para la economía del país”.
En específico, el gremio de los empresarios destacó en su misiva que dichos riesgos estarían relacionados “con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas”.
Según la entidad, liderada por Bruce Mac Master, la decisión omitió el proceso de diálogo social tripartito que establece la legislación colombiana,
De acuerdo con el comunicado de la Andi, la organización señaló que las discusiones salariales deben incluir participación equilibrada de trabajadores, empleadores y el Gobierno.
La asociación indicó que la medida se tomó fuera de los canales institucionales previstos y sin concertación en la Comisión de Concertación, organismo encargado de buscar un equilibrio entre protección del ingreso familiar, inflación, sostenibilidad fiscal, generación de empleo formal y competitividad.
Además, en el documento se advirtió que el aumento salarial se produce en un contexto en el que el propio Gobierno declaró una “emergencia económica”.
Según estimaciones citadas en el comunicado, “cada incremento del 1 % en el salario mínimo implica aproximadamente $400.000 millones adicionales en gasto público”.
La asociación argumentó que la inflación es una de las variables que más afecta a los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.
Durante la administración del Gobierno Petro, la Andi afirmó haber transmitido su preocupación ante las autoridades nacionales y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la falta de convocatoria y participación efectiva en discusiones laborales.
En el periodo, según el gremio, se tramitaron dos intentos de reforma pensional y dos de reforma laboral sin la participación real de trabajadores y empleadores.
La organización señaló que en esta ocasión, el Gobierno implementó el concepto de “ingreso mínimo vital” al modificar el salario mínimo, sin un proceso amplio y democrático de conversación con la sociedad.
El organismo expresó al final que no se respetó la metodología ni los principios de diálogo social, lo que, según Mac Master, constituye un caso de decisiones adoptadas sin sostenibilidad estructural ni consulta con los principales actores del mercado laboral.
En tanto que el ministro de Trabajo Antonio Sanguino señaló en diálogo con W Radio horas antes del anuncio que “por 34 años en Colombia no se aplicó el concepto de salario vital, tal como quedó consagrado en nuestra Constitución Política”.
“El mandato que se me asigno al entrar el Gobierno fue la defensa de los trabajadores y llevar este concepto a la mesa de concertación”, agregó el jefe de la cartera.