La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el sector Defensa y Seguridad, presentó los resultados del estudio sectorial sobre los
Regímenes Exceptuados y Especiales de Pensiones de la Fuerza Pública (2008–2023), en el que se analizaron más de 200 millones de registros para evaluar la situación actual y proyectada de este régimen especial.
Entre las conclusiones del estudio se destaca que hay una creciente presión fiscal, toda vez que el gasto en pensiones superó los $11,68 billones en 2023 (0,71 % del PIB), con proyecciones actuariales que estiman un pasivo entre $42,3 y $62,3 billones en las Fuerzas Militares y entre $58,0 y $80,6 billones en la Policía Nacional.
Lo anterior representa un riesgo macroeconómico, pues el pasivo pensional presenta alta sensibilidad frente a variaciones en inflación y tasas de descuento, lo que aumenta la vulnerabilidad fiscal.
El informe revela avances importantes en la estandarización de bases de datos y creación de variables analíticas. Sin embargo, advierte que persisten inconsistencias históricas y riesgos estructurales que amenazan la sostenibilidad fiscal del sistema; lo anterior, como resultado del análisis de los registros provenientes de múltiples fuentes de información institucionales, diferenciados por tipo de población: activos, retirados, pensionados y beneficiarios, todos desagregados por variables clave como grado, edad, sexo, tipo de prestación, mesadas, primas, bonificaciones y estructura salarial. Este esfuerzo permitió
estructurar las bases en formatos estandarizados y crear nuevas variables analíticas como edad o agrupación de grados, que resultan fundamentales para interpretar la evolución del régimen pensional y de retiro desde una perspectiva cuantitativa y comparada entre Policía Nacional y Fuerzas Militares.
A pesar del avance logrado en la consolidación y análisis de los registros, el proceso identificó inconsistencias importantes, especialmente en la calidad de los datos históricos de 2008 a 2013. Problemas como registros duplicados, errores en fechas de nacimiento y fallas en la homologación de grados, afectaron la precisión de algunas variables clave, dificultando la trazabilidad completa del comportamiento de las prestaciones.
Aunque se realizaron esfuerzos de corrección, algunos errores persistieron, lo que plantea la necesidad urgente de modernizar los sistemas de información institucional, mejorar los procesos de registro y consolidar una política de datos interoperables que soporte la gestión actuarial y fiscal del régimen pensional de la Fuerza Pública.
Por otro lado, entre 2008 y 2023, las Fuerzas Militares de Colombia experimentaron una disminución sostenida en su personal activo, pasando de 173.9 mil a 158.4 mil efectivos, acompañada de un aumento significativo en el número de retirados, que alcanzaron el 12,8% del total en 2023.
Esta transformación demográfica evidencia, por un lado, un envejecimiento progresivo de la fuerza laboral, especialmente en los grados de oficiales y suboficiales, también se registraron cambios significativos de las políticas de incorporación, así como una transformación del conflicto armado en Colombia.
Aunque la edad media se ha mantenido estable entre los 34 y 35 años, se observa una mayor dispersión hacia edades avanzadas. En cuanto a la participación femenina, aunque registra en un porcentaje bajo del 3.4%, muestra una tendencia positiva al incremento.
En el ámbito financiero, la nómina ajustada a valor presente creció de $5,31 a $7,59 billones, aunque su participación en el PIB disminuyó del 0,50% al 0,42%, reflejando mayor eficiencia relativa del gasto militar. El costo anual promedio por militar se ubicó en $47,9 millones en 2023, con jerarquización salarial evidente: oficiales y suboficiales concentran una mayor proporción del gasto, a pesar de ser menos
numerosos. La estructura salarial también evolucionó, con una reducción en la participación del sueldo básico y un incremento en primas por antigüedad y carga familiar, lo que refuerza la importancia de la permanencia institucional.
Asimismo, el número total de beneficiarios del sistema exceptuado (asignación de retiro, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia) aumentó de manera sostenida, pasando de 41.227 en 2008 a 111.908 en 2023. Este crecimiento fue impulsado, principalmente, por el incremento en las asignaciones de retiro, que representaron el 71,7% del total en 2023.
Frente a estos resultados, la Contraloría General recomienda revisar los requisitos de asignación de retiro para soldados y policías de menor rango, promoviendo criterios de retiro más equitativos y crear reservas actuariales y mecanismos de monitoreo automático que permitan anticipar riesgos y ajustar parámetros demográficos y financieros de manera oportuna.
Así mismo, es importante diversificar las fuentes de financiamiento, mediante mayores aportes de los miembros en servicio, creación de fondos de reserva y uso de recursos de origen extraordinario, como bienes incautados, e implementar reformas graduales que equilibren la responsabilidad fiscal del Estado
con la protección de los derechos adquiridos de quienes integran la Fuerza Pública.
La Contraloría General reitera su compromiso con la transparencia, sostenibilidad y equidad en el manejo de los recursos públicos, y hace un llamado a los tomadores de decisión para que las medidas propuestas se conviertan en políticas de Estado que aseguren la viabilidad de este régimen pensional, en coherencia con el mandato constitucional de justicia y sostenibilidad social.