La minería ilegal de oro sigue creciendo de manera alarmante en Colombia y, en particular, en el departamento del Cauca. De acuerdo con Claudia Jiménez, directora del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), cerca del 75% del oro que se produce en el país proviene de actividades ilegales, muchas de las cuales se concentran en regiones como Suárez, Buenos Aires, Timbiquí y Guapi.
En el Cauca, la situación ha escalado más allá de una problemática ambiental: se ha convertido en uno de los principales motores del conflicto armado, alimentando a disidencias de las FARC, grupos criminales y redes de narcotráfico que controlan el territorio y extorsionan a mineros locales.
“Estamos viendo cómo el oro se ha transformado en una fuente de financiación tan o más importante que la coca. Y esto afecta directamente a comunidades negras e indígenas, que son desplazadas o cooptadas por estas economías ilegales”, advirtió un líder social de Buenos Aires que prefirió no revelar su nombre por seguridad.
La extracción ilegal utiliza maquinaria pesada y sustancias tóxicas como el mercurio, que han causado graves daños a fuentes hídricas como el río Ovejas y el río Timbiquí. Pese a operativos de incautación, la presencia estatal sigue siendo débil frente al poder de las mafias mineras.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha manifestado su intención de desmantelar estas economías ilegales como parte de su estrategia de «Paz Total», sin embargo, en el terreno los grupos armados siguen ampliando su control. Aunque se han promovido programas de formalización minera, comunidades denuncian que estos no llegan con suficiente fuerza ni acompañamiento técnico.
Para muchos expertos, sin una acción integral que incluya presencia estatal, justicia ambiental, inversión social y seguridad territorial, el oro ilegal seguirá siendo una amenaza para la paz y el desarrollo del Cauca.