La representante a la Cámara Aída Quilcué, quien se ha identificado como víctima del conflicto armado, expresó su preocupación frente a la posibilidad de reducir los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según manifestó, disminuir la financiación de este mecanismo de justicia transicional pondría en riesgo la búsqueda de la verdad, los derechos de las víctimas y los avances alcanzados en la construcción de paz en Colombia.
“La verdad no puede quedar a medias, ni la paz reducirse a un discurso sin garantías”, señaló la congresista, al insistir en la necesidad de mantener un compromiso real con la justicia, la memoria y la no repetición. Su pronunciamiento pone nuevamente sobre la mesa el debate acerca de la financiación de la JEP y las garantías necesarias para que las víctimas del conflicto armado puedan conocer la verdad sobre los hechos ocurridos, acceder a la justicia y avanzar en sus procesos de reparación. Para Quilcué, proteger estos avances es fundamental para la construcción de una paz con garantías en el país.