Versiòn Infobae.
El viernes 1 de agosto de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia sentenció a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Aunque al defensa del exmandatario apelará la decisión y llegará hasta las últimas instancias, si así se requiere, la togada ordenó la detención inmediata del ex jefe de Estado, mientras su situación jurídica es definida por el Tribunal Superior de Bogotá.
De acuerdo con su explicación, el hacer efectiva su detención, aunque todavía no concluya el proceso penal, sirve para prevenir que el implicado incurra en otros delitos e impide que la ciudadanía tenga una “percepción negativa” sobre la aplicación de la justicia para las personas condenadas.
Una medida que sería problemática
Sin embargo, su postura generó malestar. Algunos abogados, más allá de considerar que el fallo condenatorio fue injusto, creen que no es correcto aplicar la privación de la libertad de manera inmediata, toda vez que la apelación no ha sido resuelta. Así lo explicó el profesional en Derecho Víctor Mosquera, que representa los intereses del senador Miguel Uribe.
“Rechazo la privación arbitraria anticipada e injusta de libertad contra Álvaro Uribe Vélez @AlvaroUribeVel. Sin sentencia en firme y sin haberse resuelto el recurso de apelación, se vulnera la presunción de inocencia. La jueza actúa con sesgo y exceso, anticipando cumplimiento de sanción sin control superior”, escribió en su cuenta de X.
De igual manera, el penalista Iván Cancino explicó que en el caso del exmandatario, era posible mantener su libertad hasta que su situación jurídica fuera definida en segunda instancia o en casación.
“La jurisprudencia pacífica establece cuando una decisión de primera instancia debe ordenar captura inmediata y cuando no. En el caso de @AlvaroUribeVel cumplía todos los requisitos para diferir su captura hasta la decisión final”, detalló.
Al igual que los profesionales en Derecho, el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero se pronunció, explicando que el expresidente demostró no estar interesado en evadir la justicia durante todos los años en los que se llevó a cabo el proceso penal, toda vez que en todo momento se presentó ante las autoridades judiciales.
Su presencia y disposición de atender a los requerimientos de la justicia, que fueron reconocidas por la jueza Sandra Liliana Heredia, serían suficientes para permitir su libertad mientras se resuelven los recursos que presente su defensa para evitar la ejecución de su condena.
Así las cosas, el congresista cuestionó la transparencia, independencia y autonomía con las que actuó la togada, insinuando que podría estar condicionada por cuestiones políticas.
“El lunes la juez reconoció la gallardía de @AlvaroUribeVel, que asistió a todas las audiencias de principio a fin. Sin embargo, hoy afirma peregrinamente que podría fugarse y contra toda jurisprudencia lo priva de libertad en 1a instancia. ¿Politización de la justicia?”, indicó.
Contrario a lo expuesto por los abogados, el profesional en Derecho Miguel Ángel del Río, que actuó como apoderado de dos de las víctimas del proceso penal. En un corto mensaje publicado en su cuenta de X, aseguró que la justicia acoge a toda la población, incluyendo a personajes políticos de alto reconocimiento como el exmandatario Álvaro Uribe.
“Nadie está por encima de la ley”, precisó el abogado en la red social.