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Cancillería someterá más de 50 contratos del Gobierno Petro a auditoría forense: investigarán posible corrupción en la entidad

Versiòn Infobae.

La Cancillería puso en marcha un proceso de auditoría forense para examinar parte de la contratación realizada durante el gobierno de Gustavo Petro. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Fondo Rotatorio, suscribió un contrato por 286 millones de pesos con la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID), organización encargada de adelantar las verificaciones con un componente investigativo.

El trabajo contratado contempla la recopilación, verificación, análisis y correlación de información proveniente de diferentes fuentes, principalmente relacionadas con los expedientes contractuales, documentos administrativos, registros societarios y datos financieros. También incluye la revisión de los informes elaborados por quienes estuvieron a cargo de la supervisión de los contratos.

La contratación de estos servicios representa, además, un procedimiento que no se había adelantado previamente en la Cancillería ni en su Fondo Rotatorio, según la información consignada por la entidad.

Ese grupo de especialistas, de acuerdo con la Cancillería, tiene experiencia en el análisis de casos relacionados con delitos contra la administración pública, lavado de activos, corrupción, fraude documental, delitos informáticos y otras conductas que puedan comprometer recursos públicos.

Cuestionamientos a la administración pública en el Gobierno Petro

El proceso se conoce en un contexto en el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha cuestionado actuaciones y manejos de recursos de la administración que lo antecedió. Parte de esas denuncias fueron recopiladas en el denominado “Libro de la Verdad”, documento que recoge señalamientos sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno Petro.

En ese documento se señala un supuesto desbalance en la estructura de personal de la Cancillería, que tendría 712 cargos de planta y 764 contratos de prestación de servicios. Asimismo, se expone un déficit de funcionamiento de $168.425 millones para lo que resta de 2026, luego de un traslado interno de $45.034 millones, frente a un déficit inicial de $213.460 millones.

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