En un encuentro con comunidad internacional y representantes de la Jurisdicción Especial Indígena, la Fiscalía General de la Nación compartió los avances y las experiencias dentro de la investigación que se adelanta por el genocidio del pueblo Nasa en Cauca.
El Coloquio Internacional sobre Genocidio “Mantener vivo el derecho a la esperanza” reunió en la Universidad del Cauca diversas voces de la institucionalidad, representantes indígenas y delegados internacionales que compartieron su visión en esta materia.
La conversación contó con la presencia de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. Durante su intervención, recalcó la importancia de trabajar de la mano con los pueblos indígenas, permitiendo reivindicar lo que significa para una comunidad perder a cualquiera de sus integrantes.
“La experiencia en nuestras investigaciones en el Cauca, (…) nos ha enseñado que cuando las víctimas son autoridades indígenas, debemos comprender también la función que desempeñaban en sus comunidades y las consecuencias colectivas de las agresiones que sufrieron. Ese conocimiento no lo hemos construido solos, por eso el trabajo con la comunidad Nasa, con el apoyo de la antropología y el análisis criminal”, recalcó la fiscal Luz Adriana Camargo.
Asimismo, destacó la importancia de abordar de manera conjunta dos fenómenos criminales que han golpeado al pueblo Nasa: el asesinato de sus sabedores, médicos tradicionales y demás integrantes de la comunidad, así como el reclutamiento de menores de edad. Según señaló, la Fiscalía ha avanzado en el análisis articulado de estas conductas para establecer sus posibles vínculos y comprender su impacto en la pervivencia de este pueblo indígena.
“Aunque cada conducta tiene características y consecuencias distintas, por supuesto resulta necesario investigar sus posibles conexiones, pues más allá del debate jurídico que suscita la calificación de estos delitos, tenemos el deber con la justicia y con la historia del pueblo Nasa de investigar si esas formas de violencia responden a un propósito común de destrucción”, aseguró la fiscal General de la Nación.
También indicó que la Fiscalía ha documentado que las agresiones de las que ha sido víctima este pueblo indígena se enmarcan en una disputa por el control territorial ejercido por el Frente Dagoberto Ramos del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, contra autoridades y comuneros que defienden la autonomía de sus comunidades y se oponen a la imposición del control armado.
“El genocidio es uno de los crímenes más graves que puede investigar la justicia penal, tal vez el más grave, y precisamente por ello debemos asumir con toda seriedad las exigencias que supone su investigación. No basta con demostrar una sucesión de asesinatos, por atroces que ellos sean, pues lo que debemos establecer es si determinadas conductas responden al propósito de destruir total o parcialmente a un grupo protegido”, indicó la fiscal Luz Adriana Camargo.
En su intervención, la fiscal destacó que, con el fin de lograr investigaciones estructurales en casos como estos, donde el actor principal de la violencia es un grupo armado ilegal, nació la estrategia de Cumbres Estratégicas, en cabeza de la Unidad Especial de Investigación (UEI).
“Una metodología de trabajo que busca reunir las capacidades de las distintas dependencias de la Fiscalía alrededor de la investigación y de la judicialización de las organizaciones criminales y de sus máximos responsables. (…) A partir de este trabajo conjunto buscamos identificar relaciones que antes podrían pasar inadvertidas, formular hipótesis sobre el funcionamiento de la organización y, sobre todo, establecer qué necesitamos, dónde tenemos la mejor evidencia y las mejores investigaciones, y demostrar cómo opera la organización y cómo puede hacerse responsable ante la justicia”, destacó.
El encuentro contó con la participación de Piergiuseppe Parisi, profesor asociado y subdirector del Centro de Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York, en Inglaterra; Gustavo Emilio Cote Barco, magistrado de la JEP y docente de la Universidad Javeriana; Carolina Olarte Bácares, y la representación de las comunidades indígenas con el consejero Edinson Peña; el mayor Edgar Meneses, del Programa de Justicia; y el mayor Edwin Mauricio Capaz Lectamo, referente de derechos humanos del CRIC.