Versiòn Infobae.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara una reforma que eliminaría, suprimiría o fusionaría 105 entidades del Estado para reducir gastos de funcionamiento, aunque el plan, de entrada, plantea una fuerte disputa por las facultades que el Congreso le entregaría al Ejecutivo para rediseñar la administración pública durante seis meses.
Según reveló Noticias RCN, la reducción de entidades no implicaría una disminución de ministerios. El Gobierno conservaría 18 carteras con la creación del Ministerio de la Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, que asumiría funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia; y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia, que recogería responsabilidades del Departamento de Prosperidad Social.
En el artículo 7 de la Ley de Rescate Fiscal, la primera reforma tributaria de De la Espriella, se propone otorgar al presidente facultades extraordinarias durante seis meses para suprimir o fusionar ministerios y departamentos administrativos, modificar nombres, objetivos, estructuras y orden, además de reasignar funciones y ajustar las plantas de personal.
Ministerios de Cultura y Deporte se unirían, al igual que Educación y Ciencia
El rediseño contempla fusionar los ministerios de Cultura y Deporte en una sola cartera. Educación y Ciencia también quedarían bajo una misma estructura ministerial. Los demás ministerios mantendrían su funcionamiento, pero incorporarían funciones que hoy están distribuidas entre agencias, direcciones, superintendencias y otras entidades.
En otra versión del plan se plantea que el nuevo Ministerio de Desarrollo Social reúna competencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Al respecto, el ministro de Hacienda Miguel Gómez había planteado inicialmente que el país pasara de 18 a 13 ministerios; aunque la reducción no se hará.
En lo que respecta a la conocida Ley de Ajuste Fiscal, busca, según el Gobierno, contener el déficit fiscal, evitar el crecimiento insostenible de la deuda pública y garantizar de este modo la sostenibilidad económica del país. Pese a lo que serían sus objetivos, el articulado ha recibido críticas porque concentraría gravámenes, en especial a plataformas de comercio.