Versiòn Infobae.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, anunció que pedirá a varias autoridades judiciales y disciplinarias acelerar las investigaciones relacionadas con las acusaciones de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro. La funcionaria considera que la gravedad de los señalamientos exige actuaciones oportunas, con garantías para las personas involucradas y sin interferencias externas.
Los señalamientos se conocieron públicamente a través de una entrevista concedida por Jiménez a la revista Semana. La mujer, de 26 años, afirmó que habría existido una dinámica de presuntas exigencias íntimas a cambio de oportunidades laborales y contratos estatales durante el Gobierno de Petro. Las acusaciones no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad y deberán ser verificadas por las autoridades.
En su relato, Jiménez sostuvo que decidió hacer públicas las acusaciones porque considera que durante la administración anterior se habría presentado un abuso de poder contra mujeres jóvenes vinculadas contractualmente con entidades estatales. Como parte de su testimonio, aseguró que conserva conversaciones digitales y documentos relacionados con los contratos que, según ella, recibió.
La mujer también planteó que otras jóvenes habrían atravesado situaciones similares y que algunas estarían dispuestas a entregar sus testimonios y pruebas. Esa afirmación deberá ser contrastada dentro de las actuaciones que adelanten las entidades competentes.
Al explicar los motivos de su denuncia, Jiménez afirmó: “no estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”
Jiménez sostuvo además que aceptar invitaciones a reuniones o fiestas habría estado relacionado, en algunos casos, con la posibilidad de obtener contratos. Al describir esa dinámica, expresó: “Es obvio que cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen”.
Más allá de la solicitud de priorización, la defensora del Pueblo recalcó que el esclarecimiento de los hechos requiere actuaciones independientes. Según indicó, las autoridades deberán evaluar las pruebas y determinar si hay lugar a sanciones penales o disciplinarias, siempre que se acrediten las conductas denunciadas.
“Las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”, afirmó.
Marín también insistió en la necesidad de proteger a quienes puedan resultar afectados y de evitar que la relevancia política del señalado interfiera en el curso de las investigaciones. La petición busca que los organismos competentes atiendan los señalamientos con prontitud, sin anticipar conclusiones sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.