Versiòn Infobae.
Luego de las denuncias de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez, además del relato de la joven Deicy Jiménez conocido el domingo 25 de octubre sobre presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales al expresidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación.
Según se conoció en la mañana del lunes 26 de octubre, el ente acusador abrió una noticia criminal para investigar la totalidad de las presuntas irregularidades presentadas en el Dapre y otras dos dependencias del Gobierno del exmandatario.
La indagación busca establecer si se entregaron contratos estatales a mujeres a cambio de beneficios, a partir de las denuncias de Deicy Jiménez y las declaraciones de Angie Rodríguez. Según la información preliminar, el proceso fue aperturado desde el pasado 23 de octubre.
Según información conocida por Infobae Colombia, Jiménez estuvo vinculada al Estado mediante al menos 5 contratos: con el Congreso de la República, el Ministerio del Interior y con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad adscrita al Ministerio de Defensa.
La investigación parte, inicialmente, del presunto delito de abuso de función pública. La Fiscalía podrá formular nuevas hipótesis si encuentra elementos que las sustenten o cerrar el caso si determina que no hubo irregularidades.
Jiménez dijo en una entrevista con la revista Semana que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una página para adultos en la que trabajaba. Según su versión, después de un primer encuentro comenzó a recibir contratos estatales que el entonces senador le ayudaba a conseguir.
El caso será asumido por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de un equipo especializado. Las primeras citaciones estaban previstas para el 26 de octubre.
La revisión de los registros de contratación, divulgada por Infobae Colombia, detalla que los cinco contratos atribuidos a Jiménez sumaron $ 100.151.338 durante el anterior cuatrienio. Los vínculos se celebraron por contratación directa con el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, para labores de archivo, digitación, organización documental y apoyo a la gestión.
En el Senado, Jiménez suscribió un contrato en marzo de 2023 por $ 7 millones para apoyar el archivo institucional. En septiembre del mismo año obtuvo otro, identificado con el radicado CDPS-SEN-695-2023, por $ 34 millones y con ejecución hasta julio de 2024. Durante ese periodo prestó servicios de apoyo en la Primera Vicepresidencia de la corporación, entonces encabezada por María José Pizarro.
Posteriormente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada celebró en junio de 2025 un contrato por $ 18 millones para tareas de archivo y organización de documentos. Ese año también fue contratada por el Ministerio del Interior: una orden de prestación de servicios por $11.151.338, firmada para apoyar informes de proyectos financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
El Ministerio renovó esa orden el 21 de enero de 2026 por $30 millones, con vigencia prevista hasta el 31 de diciembre, para funciones similares. De acuerdo con los documentos revisados por este medio, la contratista acreditó formación como bachiller académica y experiencia en el sector audiovisual independiente. La Fiscalía y los organismos de control deberán establecer si hubo irregularidades en esos procesos contractuales y si guardan relación con las denuncias conocidas públicamente.
La información contractual, por sí sola, no determina que los procesos hayan sido irregulares. El análisis de la Fiscalía deberá contrastar las fechas, los objetos pactados, los informes de ejecución y los soportes de pago con los testimonios que se incorporen al expediente. También podrá solicitar documentación a las entidades que suscribieron las órdenes de prestación de servicios y establecer si existieron intermediarios o instrucciones ajenas a los procedimientos ordinarios.
Jiménez sostuvo que habría entre 30 y 40 mujeres vinculadas bajo esquemas semejantes en distintas dependencias oficiales. Esa afirmación hace parte de las denuncias que deberán ser corroboradas durante la indagación. Hasta el momento, la apertura de la noticia criminal no supone una imputación de cargos ni define responsabilidades penales o disciplinarias.
