El presupuesto participativo de Popayán quedó en el centro del debate del Concejo Municipal por los retrasos en proyectos comunitarios, las dificultades de las Juntas de Acción Comunal y las dudas sobre la ejecución de los recursos públicos. Durante la sesión, promovida por la concejala Diana Imbachí, se advirtió que existen más de $2.500 millones represados de vigencias entre 2017 y 2025, con iniciativas afectadas por problemas de titularidad de predios, licencias y permisos. Entre las obras mencionadas están el Centro de Desarrollo Comunitario de Santa Clara, la PTAR de Tequendama y los salones comunales de Bellohorizonte y Portales del Norte.
Durante la discusión, varios concejales solicitaron revisar el Acuerdo Municipal 015, fortalecer los controles y garantizar que las inversiones se traduzcan en obras terminadas y funcionales. Marco Gaviria cuestionó intervenciones en los sectores Solidaridad y El Mirador, mientras José Alexander Campo pidió aclaraciones sobre posibles contrataciones con ASOCOMUNAL por cerca de $995 millones y otras obras comunitarias. Por su parte, Fernando López y Luis Enrique Inchima plantearon la necesidad de mejorar la participación de las comunidades y establecer condiciones adecuadas para la entrega de los espacios. También se solicitó a la Contraloría y a la Personería revisar la información contractual y verificar las denuncias que puedan presentarse. Los señalamientos expuestos durante el debate deberán ser contrastados con los documentos y las actuaciones correspondientes.
Como resultado de la sesión, el Concejo planteó convocar en noviembre al alcalde de Popayán, a las secretarías de Hacienda, Infraestructura y Gobierno, a los organismos de control, ediles y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, con el propósito de revisar los proyectos pendientes y establecer compromisos verificables. La agenda también contempla evaluar las modalidades de ejecución, hacer seguimiento financiero y físico a las obras y aclarar las responsabilidades de las dependencias municipales. El principal desafío será superar los obstáculos administrativos y garantizar que los recursos priorizados por las comunidades se conviertan en soluciones concretas para los barrios y sus habitantes.