Versiòn Infobae.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 42 bienes del clan Herrera con un avalúo preliminar superior a los $44.900 millones, en un proceso de extinción de dominio que el exnarcotraficante Ramiro Herrera Buitrago reivindica como resultado de su propia colaboración.
El ente acusador liderado por Luz Adriana Camargo sostuvo que los bienes fueron ocultados, transformados y administrados mediante personas y empresas de los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar. Esa red, indicó, buscaba dar apariencia de legalidad a los activos y sustraerlos del control de las autoridades, informó Semana.
Herrera Buitrago dirigió una carta a De la Espriella para expresar su disposición a colaborar con la identificación de propiedades y de quienes habrían actuado como testaferros. El exnarcotraficante, condenado en Estados Unidos y en Colombia, afirmó que pretende contribuir a la “reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional”.
Herrera propuso que los activos de su listado, si la justicia los incorpora de manera definitiva al Estado mediante extinción de dominio, puedan tener una destinación social.
Los obstáculos para recuperar cerca de 1.000 bienes
El inventario que Herrera dice haber entregado incluye fincas, casas, apartamentos, locales comerciales y sociedades en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Los activos estuvieron vinculados a la estructura dirigida por el fallecido Hélmer Francisco Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, uno de los cabecillas del cartel de Cali.
En su carta, Herrera también aseguró que no tiene vínculos con William Herrera López ni con una nueva generación de sobrinos Herrera respecto de los bienes y hechos incluidos en su colaboración. El exnarcotraficante insistió en que las propiedades fueron adquiridas con dinero del narcotráfico y que su posesión generó una disputa violenta entre grupos delincuenciales.
La ocupación de 42 activos representa apenas una fracción del listado que Herrera dice haber entregado. La recuperación de los demás bienes dependerá de procesos que deberán identificar su origen, sus actuales titulares y su situación jurídica antes de que puedan pasar al patrimonio público.