Versiòn Infobae.
Luis Carlos Gutiérrez, conocido en el país por ser el secretario general de la Fundación de Educación Superior San José —la institución privada de Bogotá en el centro del escándalo por la presunta expedición de títulos irregulares a servidores públicos—, firmó el diploma apócrifo de Juliana Guerrero y recibió por ello una condena de 36 meses de prisión que no cumplirá en la cárcel, gracias a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
LC Gutiérrez Asesorías se constituyó mediante documento privado de un accionista único, cuya identidad no figura en el certificado de existencia y representación legal. La firma fue registrada inicialmente en Soacha y trasladó su domicilio a Bogotá ocho días después.
Gutiérrez, ingeniero de sistemas graduado de la propia Fundación San José, ya ocupaba la secretaría general cuando nació la compañía. Aunque su objeto social permite cualquier actividad lícita, la empresa declaró como actividad principal la educación universitaria y como secundaria la educación de instituciones universitarias.
La compañía había sido creada con un capital de 50 millones de pesos. Un año después, sus estados financieros registraron una utilidad de 1.492 millones de pesos, luego de gastos e impuestos, activos por 2.497 millones y cerca de 2.000 millones invertidos en propiedades. También declaró 811 millones por concepto de impuestos. Los registros públicos no detallan quiénes contrataron a LC Gutiérrez Asesorías ni el origen de esos ingresos, y tampoco contienen documentos que vinculen a la firma con la Fundación San José, el título de Guerrero u otros diplomas de la institución.
La representación legal de LC Gutiérrez Asesorías cambió el 4 de agosto de 2025, cuando Eloira Margoth Cogollo Caro, esposa del exsecretario, fue designada para el cargo. El nombramiento quedó inscrito el 17 de septiembre, cinco días antes de la destitución de Gutiérrez, según información revelada por Cambio.
El 4 de noviembre de ese año, seis semanas después de su salida de la Fundación, Cogollo Caro inscribió una situación de control sobre la empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Ese mismo día se registró una situación equivalente sobre Sociedad de Inversiones Inmobiliarias Martínez & Cía. S.A.S.
Hasta 2024, el patrimonio inmobiliario de Gutiérrez estaba compuesto por viviendas adquiridas mediante pagos a plazos en Mosquera, Cundinamarca. Según datos conocidos por Cambio, en junio de ese año, Davivienda le transfirió un apartamento por la finalización de un leasing habitacional valorado en 111 millones de pesos; en septiembre recibió una casa y un parqueadero tras pagar 13 millones como cuota final. En mayo de 2024 también había comprado una casa con parqueadero por 220 millones de pesos.
Martínez & Cía. pagó 215 millones de pesos por un apartamento con parqueadero en Zipaquirá en mayo de 2025 y desembolsó otros 90 millones por un local sobre la Troncal de Occidente en julio. Ese mes, el 15 de julio, LC Gutiérrez Asesorías compró un apartamento en Bogotá por 1.300 millones de pesos, sin que en el certificado de tradición figure una hipoteca que respaldara la operación.
El 20 de mayo de 2026, cuando el Ministerio de Educación ya había puesto a la Fundación San José bajo vigilancia especial, Martínez & Cía. e Inversiones Inmobiliarias Cogollo compraron dos casas y dos parqueaderos adicionales en Mosquera por 565 millones de pesos. Entre 2022 y 2026, Gutiérrez, su esposa y las tres sociedades habrían firmado escrituras de compra por cerca de 4.100 millones de pesos; alrededor de 2.650 millones correspondieron a adquisiciones realizadas por las empresas desde 2025.
Entretanto, Luis Carlos Gutiérrez no atendió solicitudes del medio para aclarar cualquier duda sobre las tres empresas que estarían vinculadas a su nombre o el registro de personas o entidades a las que prestó servicios su empresa de educación universitaria mientras estaba al frente de la oficina que certificaba los títulos de la Fundación San José.