Versiòn Infobae.
El Gobierno nacional aseguró que el salario mínimo de 2026 continúa vigente en $2 millones mensuales para los trabajadores que reciben auxilio de transporte y negó que exista una orden para reducir ese monto o exigir la devolución de los pagos ya percibidos.
El Consejo de Estado estudia demandas contra el decreto
La jefe de la cartera laboral, sin embargo, explicó que el Consejo de Estado analiza demandas contra el decreto que fijó el incremento del salario mínimo para 2026. Aún así, aclaró que ese trámite judicial no implica, por sí mismo, la suspensión de los pagos ni una modificación automática de la remuneración vigente.
La ministra también explicó que cualquier decisión sobre la validez del decreto corresponde exclusivamente al alto tribunal. “Como Gobierno respetamos la independencia de la justicia, la separación de poderes y las decisiones de los jueces”, dijo.
En su declaración, la titular de la cartera de Trabajo indicó que una persona que percibe el salario mínimo y cumple los requisitos para recibir el auxilio de transporte debe continuar con un pago mensual de $2 millones.
El Gobierno nacional pidió a los ciudadanos consultar los canales oficiales y las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo ante dudas sobre la liquidación de salarios y los derechos laborales.
Salario mínimo de 2027 en Colombia: la negociación pone bajo la lupa la inflación, el empleo y el costo fiscal
La definición del salario mínimo de 2027 en Colombia comenzará a tomar forma a finales de noviembre de 2026, cuando el Gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales cuenten con los principales indicadores económicos para sustentar sus propuestas.
La discusión tendrá como eje el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque también incluirá el efecto de un eventual ajuste sobre la inflación, el empleo formal, las pensiones y las finanzas públicas.
De hecho, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) abrió una etapa de conversaciones el 1 de octubre, sin que las partes presentaran un porcentaje inicial. El encuentro dejó como resultado la creación de mesas técnicas y jurídicas para revisar asuntos laborales que generan diferencias entre los sectores.
El centro de estudios Anif planteó que la decisión debe proteger el ingreso real de los trabajadores, pero debe considerar las consecuencias de un aumento sobre el mercado laboral, el comportamiento de los precios y el gasto estatal.