Versiòn Infobae.
El expresidente Gustavo Petro tendrá un nuevo pleito legal, esta vez con la Registraduría Nacional del Estado Civil, después de que el Consejo de Estado admitiera una acción de tutela presentada por el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo tras acusarlo públicamente de liderar un supuesto plan para hacer fraude en las elecciones presidenciales de mayo y junio de 2026.
“ADMITIR la acción de tutela interpuesta por Hernán Penagos Giraldo, a nombre propio y en representación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en contra de Gustavo Francisco Petro Urrego”, señaló el consejero ponente Nicolás Yepes González.
El caso quedó en manos de la Sección Tercera, Subsección C, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. El consejero Nicolás Yepes Corrales resolvió sobre la admisión de la tutela el 30 de septiembre.
De acuerdo con el escrito, los mensajes atribuyeron al registrador y a la Registraduría la comisión de un fraude electoral. Las acusaciones se relacionaron con presuntas modificaciones del censo electoral, del número de puestos y mesas de votación, y de los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14.
“El Despacho encuentra que se reúnen los requisitos de forma exigidos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y procede a admitir la acción de tutela interpuesta”, continúa el auto.
“Dado que el accionado ejerció la Presidencia de la República hasta el 7 de agosto de 2026 y que las expresiones cuestionadas se divulgaron con anterioridad a esa fecha, el Despacho estima necesario precisar el fundamento de su competencia”, continúa.
Penagos afirmó que esas acusaciones carecían de pruebas y que quien las formuló no era la autoridad competente para hacerlo. Según la tutela, pidió una rectificación, pero no recibió respuesta ni corrección una vez venció el plazo de 15 días hábiles.
El alto tribunal también solicitó vincular al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Las entidades deberán pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones de la tutela dentro de los tres días posteriores al recibo del auto.
El Consejo Nacional Electoral fue vinculado por sus atribuciones constitucionales sobre el escrutinio y la declaratoria de la elección presidencial. La Fiscalía fue incluida debido a que las afirmaciones cuestionadas aluden a conductas que, de comprobarse, podrían tener implicaciones penales.
La Defensoría del Pueblo también participará en el trámite. El auto señala que esa institución había advertido, en un comunicado del 6 de agosto, sobre mensajes intimidatorios que podían promover represalias contra el registrador, la entidad electoral, sus funcionarios y sus instalaciones.