Versiòn Infobae.
El Consejo de Estado dejó listo el expediente con el que deberá definir la legalidad del aumento del 23 % del salario mínimo de 2026, fijado mediante el Decreto 1469 de 2025, luego de cerrar la etapa de pruebas y acumular las diferentes demandas presentadas contra la decisión.
Tribunal definió 11 preguntas que deberá resolver
El Consejo de Estado acumuló dos nuevas demandas al expediente principal y rechazó las objeciones presentadas por el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.
Con esta decisión, el proceso quedó concentrado en un solo expediente.
El alto tribunal también estableció 11 interrogantes que deberán ser respondidos en la sentencia.
Uno de los puntos centrales consiste en determinar si el Gobierno cumplió con los parámetros previstos en la Ley 278 de 1996, que incluyen factores como la inflación, la productividad, el crecimiento del producto interno bruto y la capacidad de pago del aparato productivo.
Otro asunto que será objeto de revisión es el uso del concepto de “salario vital”, empleado dentro de la discusión que llevó a fijar el incremento.
Ese concepto estuvo sustentado en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Consejo de Estado deberá establecer si podía utilizarse como referente dentro de la decisión o si terminó desplazando de manera indebida los criterios previstos por la legislación nacional.
La revisión no se limitará al salario mínimo.
El expediente también incluye el auxilio de transporte de 2026, fijado en $249.095 mediante el Decreto 1470 de 2025.
El tribunal analizará si esa decisión contó con una motivación técnica suficiente y cuál fue su relación con la política salarial adoptada para este año.
Qué sigue antes de la sentencia
Con la etapa probatoria ya cerrada, el Consejo de Estado ordenó avanzar mediante sentencia anticipada.
Esto significa que el proceso no requiere nuevas pruebas antes de entrar a la fase previa a la decisión de fondo.
Las partes tendrán ahora 10 días para presentar sus alegatos finales, mientras que el Ministerio Público deberá entregar su concepto sobre las controversias planteadas.
Ese fallo deberá determinar si el aumento del 23 % y las decisiones relacionadas con el auxilio de transporte fueron expedidos conforme a las normas aplicables.
El hecho de que el Consejo de Estado haya acumulado las demandas y ordenado una sentencia anticipada no significa que el incremento haya sido anulado ni que el tribunal ya haya tomado una decisión sobre su legalidad.
El salario mínimo de 2026 permanece vigente mientras no exista una sentencia que disponga lo contrario.
La decisión final deberá resolver los argumentos de quienes cuestionan el decreto y las razones expuestas por el Gobierno para defenderlo.
El proceso tendrá especial relevancia porque definirá si, al momento de fijar el salario mínimo sin acuerdo en la mesa de concertación, el Ejecutivo respetó los criterios técnicos y jurídicos que debía tener en cuenta.